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Carlos JesúsRodríguez Rodríguez

*AMLO entre el perdón y el yo no fui
*Los corruptos deben ser enjuiciados
*Fiscalías y jueces no deben perdonar

NO ES el Presidente de la República ni el Gobernador del Estado –o de cualquier Entidad- quienes deben perseguir y enjuiciar a corruptos, a aquellos que causaron severo daño al erario público y, por ende a los gobernados, porque los recursos que se robaron quienes ahora se encuentran en prisión bajo proceso, enfrentan denuncias o, simple y llanamente, son amparados por la impunidad al “ponerse a mano” con autoridades o haber devuelto parte de lo saqueado, pertenecen a esa sociedad que paga impuestos y servicios, y que espera que esos dineros sean bien aplicados en beneficio de todos y no estén en los bolsillos de unos cuantos. Y el tema viene a colación por el anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de que “no es bueno para el País el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos”, y tiene toda la razón, pues el Presidente y el Gobernador –de cualquier Estado- deben dedicarse a gobernar y no a impartir justicia, pues de ello se encargan las fiscalías Federal de la República –próxima o constituirse- y la de Veracruz –en el caso local-, tan cuestionada por el servilismo que ha impreso el titular de esa dependencia cuando se trata de aliados del partido que gobierna el Estado. Y es que de los 20 incisos que forman parte del artículo 89 de la Constitución Política del País que establece las facultades y obligaciones del Presidente, solo el XIV determina que el titular del Ejecutivo puede “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”, pero en ninguna parte se lee que deba perdonar a los corruptos, a quienes mantienen postrado al País y al Estado, y lo sano, sin duda, es que AMLO ni siquiera aborde el tema como un asunto político, porque las violaciones a la ley se inscriben dentro del contexto jurídico.

CIERTAMENTE, EL actual régimen Estatal fracasó porque el, todavía, Gobernador en turno destinó gran parte de su tiempo a perseguir a su antecesor y aliados del duartismo, cuando esa tarea debió realizarla, exclusivamente, la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial, vía jueces sin consigna sino inspirados en las leyes que rigen al Estado. Y es que para Miguel Ángel Yunes Linares, su antecesor Javier Duarte de Ochoa se convirtió en una obsesión hasta que la sociedad cayó en el hartazgo al ver que otros conflictos que afectan a los gobernados como la inseguridad, creación de empleos, garantías de inversión y diversas mejoras sociales, se dejaron de lado lo mismo que compromisos asumidos con empresarios a quienes engañó y campesinos a donde nunca llegaron los créditos, semillas mejoradas y maquinaria para optimizar la productividad. El gobernante se tornó Fiscal, Juez, presidente del Congreso del Estado, vocero, Secretario de Seguridad Pública, ejecutor de detenciones –como aquellas frustradas tras el gasolinazo y los consecuentes saqueos en la zona conurbada-, pero se olvidó de gobernar por acapararlo todo.

POR ELLO si bien el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador no debe incurrir en prácticas persecutoras, tampoco debe incidir en perdones anticipados como, al igual que no debe hacerlo el próximo Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues perseguir o perdonar a corruptos no es, por si misma su función, ya que muy claro lo establece el inciso séptimo del artículo 102 cuando determina que: corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. La Fiscalía General, agrega el ordenamiento, contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. Y tácitamente lo mismo se especifica para el ámbito Estatal, de tal suerte que, si las fiscalías son autónomas y son garantes de la justicia en favor de la sociedad, ni el Presidente ni los Gobernadores tienen nada que ver con la persecución de delitos o perdón a delincuentes.

LÓPEZ OBRADOR ha dejado en claro que perdonará a corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales, ya que su gobierno no se empantanará al estar persiguiendo presuntos corruptos, pero ni siquiera a esos se debe perdonar, y mucho menos debe hacerlo el Presidente cuyas funciones están determinadas por la Constitución General de la República, y la de los Gobernadores por las constituciones Estatales. Las fiscalías tienen la obligación de investigar las denuncias o, incluso, actos evidentes de corrupción que afecten a la sociedad aun sin denuncias. Pero AMLO insiste: “Sí, es un perdón, es un perdón, así. Eso es lo que se está planteando, decirle al pueblo de México: punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y que comencemos una etapa nueva y que ya inicie una nueva historia”, en pocas palabras, el “borrón y cuenta nueva”, para evitar actos impopulares que ya no deberían importarle, puesto que dejó de ser candidato el pasado primero de Julio para convertirse en Presidente electo y, a partir del primer minuto de Diciembre, en constitucional.

SON INFINIDAD de mexicanos los que esperan justicia por asuntos como el de Odebrecht y los moches a ex funcionarios. Por fortuna AMLO aclara que todos los procesos judiciales que están en curso no se pueden detener, pues los Poderes Judicial y Legislativo son independientes, y rubrica con un: “yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata. Entonces, no es darle la orden al Poder Judicial o al Poder Legislativo que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente lo tiene que resolver”, sin embargo, aun cuando no existan denuncias contra infinidad de personas que participaron en actos de corrupción que dañaron al País o al Estado, las Fiscalías y el Poder Judicial deben actuar, conscientes de que se trata de llevar ante la justicia a quienes la violentaron; el borrón y cuenta nueva no debe tener espacios en un gobierno democrático, más aún cuando la demanda principal de la sociedad es, precisamente, justicia ante los actos de corrupción que la lesionaron, y que siguen encubiertos en el manto de la impunidad salvo que, la intención sea lavarse las manos para argumentar: -no soy yo, es el Poder Judicial (el mismo que se niega a bajarse los sueldos al nivel presidencial). Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

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