Ciudad de México. Hay una sentencia popular que reza: “sacristán que vende cera y no tiene cerería, de donde lo sacaría sino es de la sacristía”, y esta parece estarla descubriendo la Fiscalía General de la República (FGR) que finalmente obtuvo una orden de aprehensión en contra del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez -quien se encontraba suspendido en sus funciones por determinación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde mayo pasado-, por incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita y vínculos con un afamado cártel.

Y es que no es secreto la corrupción de algunos magistrados –y hasta ministros- al interior del Poder Judicial, pues basta ver su estilo de vida con mansiones, viajes, autos, ranchos y cuentas bancarias abultadas que con el trabajo honesto y salario no podrían acumular.

Apenas en Mayo pasado Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, indicó que “la corrupción de funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez es clave para la letal estrategia de crecimiento de un cartel del occidente de México y otras organizaciones, y con frecuencia permite que sus miembros operen con impunidad”.

Acompañada de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se dio a conocer en Palacio Nacional la puesta en marcha de una acción conjunta adoptada, a través de la cual se aseguraron cuentas bancarias del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y del magistrado Avelar Gutiérrez, así como de algunos de sus socios, con recursos por 75 millones de pesos.

Por lo pronto, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la aprehensión del magistrado Avelar Gutiérrez en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que estaba siendo trasladado por el personal de la FGR a la Ciudad de México para ser puesto a disposición del Ministerio Público federal.

El organismo del Poder Judicial de la Federación resaltó que esta detención fue resultado de la denuncia presentada por el CJF ante la FGR en mayo pasado, al detectar irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales al salario que percibía como impartidor de justicia.