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Alumnos de la Universidad de Colima se amparan para garantizar la gratuidad

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Alumnos de la Universidad de Colima se amparan para garantizar la gratuidad

El Colectivo de Resistencia Estudiantil (CORE) informó que el Poder Judicial de la Federación, a través de los 3 juzgados de distrito de Colima, admitieron 30 demandas de amparo de estudiantes de bachillerato y licenciatura de la Universidad de Colima, contra el cobro de colegiaturas.

En rueda de prensa virtual detallaron que los juzgados otorgaron 17 suspensiones provisionales y 10 definitivas, lo que obliga a la casa de estudios a admitir a los estudiantes sin pagar la cuota semestral que está en curso.

El abogado que asesora al colectivo, Octavio Muñoz Mendoza, informó que es una sentencia previa que podría llegar a ser definitiva, pues ya se conocen resoluciones similares favorables por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en juzgados federales de San Luis Potosí y Chiapas.

“No tenemos noticias de que en el país se hayan inconformado tantos estudiantes contra una universidad en ese número y que hayan tenido tantas suspensiones provisionales y definitivas”, manifestó.

El litigante destacó que con estas sentencias se confirma que el derecho a la educación es un derecho mínimo a la gratuidad, que incluye la educación superior y está contemplada en la Constitución, la cual está por encima de la Ley Orgánica de la UCol.

Muñoz Mendoza informó que la universidad ha presentado quejas contra las resoluciones de las suspensiones provisionales y se han inconformado, pero el asunto sigue su curso en el Tribunal Colegiado.

Agregó que este es un primer paso para que se garantice la gratuidad en las universidades públicas como la UCol, a pesar de que la quieran administrar como un ente privado, ya que se deben contemplar otras cuestiones, como destinarles más recursos para que se garantice la gratuidad.

Los alumnos integrantes del colectivo destacaron este logro a pesar que les pusieron muchos inconvenientes, como la solicitud de una gran cantidad de copias y trámites que implican gastos, a pesar que el principal argumento para exigir la gratuidad es la falta de recursos.

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