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De mil 600 desapariciones forzadas, FGR no ha resuelto ni una: ASF 

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De mil 600 desapariciones forzadas, FGR no ha resuelto no una: ASF 

La Fiscalía General de la República (FGR) acumuló en 2020 más de 1 mil 600 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por la posible desaparición forzada de personas a manos de diversas autoridades en todo el país, de las cuales más de 200 fueron nuevos casos correspondientes a ese año. Sin embargo, no logró integrar y resolver ni uno solo de esos casos. 

Esta situación sumada a problemas de coordinación e implementación en el sistema nacional de búsqueda de personas, a la falta de una normativa completa, y a la inexistencia de mecanismos como el banco nacional forense, ha contribuido a que la enorme mayoría de las personas reportadas como desaparecidas sigan sin ser encontradas, o sin que se sepa si siguen con vida. 

Así lo advierte el informe de resultados de una auditoría de desempeño realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2020. 

En dicho análisis los auditores concluyen que a tres años de que se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas no se ha podido consolidar en México un sistema que trabaje de forma coordinada para la búsqueda y localización de personas. Por el contrario, sobran las “oportunidades de mejora” y faltan los resultados tangibles. 

“La Comisión Nacional de Búsqueda de personas y la FGR requieren fortalecer los procesos que realizan para la coordinación, la prevención, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, a fin de incrementar la eficacia en la localización de las personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, y esclarecer los hechos que dieron origen a su desaparición”, indica el informe. 

En el caso específico de la FGR la escasez de resultados es alarmante. El área especializada de este tema, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la FGR, acumula indagatorias que en algunos casos llevan años sin resultados. 

Los datos arrojan que en 2020 la FGR acumuló un total 1 mil 615 indagatorias en curso por desaparición forzada de personas, de las cuales 747 son averiguaciones previas por casos correspondientes a 2015 o antes, y 868 son carpetas de investigación por hechos ocurridos de 2016 en adelante. 

Sin embargo, al cierre del año pasado más del 98.5 por ciento de dichas indagatorias continuaban en integración sin ningún tipo de resultado. Solo 21 indagatorias fueron cerradas por la Fiscalía, pero ninguna de ellas con una consignación del caso ante un juez para proceder en contra de probables responsables. En cambio, los casos fueron archivados. 

Mas allá de la falta de resolución de las indagatorias los auditores advirtieron muchos problemas. Por ejemplo, más del 70 por ciento de las indagatorias tienen entre tres y seis años en integración sin que realmente exista algún tipo de avance significativo que permita vislumbrar una pronta resolución. 

La ASF identificó que en 7 de cada 10 indagatorias la Fiscalía no incluyó el denominado “cuestionario arte mortem”, que además de ser una obligación como parte del protocolo de búsqueda es una herramienta fundamental para la posible identificación de una persona no localizada. 

Peor aun es que debido a que la FGR no ha puesto en marcha el denominado Banco Nacional de Datos Forenses (herramienta indispensable para la identificación genética de personas desaparecidos) ninguna de las carpetas de investigación en curso, ni las anteriores ni las nuevas, cuenta con información proveniente de dicho banco de información, ni de ningún otro registro. 

En síntesis, se trata de indagatorias que al igual que ocurre con la mayoría de los casos en la Fiscalía no se han conseguido resolver, pese a que la investigación de las desapariciones forzadas ha quedado definida desde hace mas de tres años como un tema de política criminal prioritario. En ese contexto, los auditores consideran urgente revisar las capacidades de las áreas responsables de indagar estos casos. 

“Se recomienda que la Fiscalía General de la República realice un diagnóstico de la capacidad operativa de que dispone la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), a efecto de que cuente con los policías de investigación y los peritos especializados que requiera para su efectiva operación… a fin de que la investigación realizada sea pronta y efectiva para la localización de las víctimas”, indica el informe de resultados. 

En el caso específico del personal, los auditores encontraron que si bien hay fiscales que han recibido una capacitación especial para el análisis de casos de desaparición forzada, no ha ocurrido lo mismo ni con peritos ni con policías de investigación, deficiencia que puede afectar el éxito de las indagatorias. 

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