La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre aseguró que otorgar amparos que permiten la libertad de personas que fueron acusadas de delitos graves pone en riesgo la gobernabilidad del Estado.

Lo anterior, porque no toman en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre de facto y sin análisis, a personas que representan un peligro inminente a la sociedad.

Por segunda ocasión en la presente semana argumentó que hasta el 10 de agosto les han llegado 33 amparos en donde, sin mayor estudio del asunto, otorgan la suspensión provisional para el efecto de que cese la aplicación de esta medida cautelar, que en su mayoría está relacionada con prisión preventiva justificada.

Por lo anterior, se está dejando en libertad inmediata y absoluta de los imputados, en delitos tan delicados como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social.

Aseguró que el Poder Judicial ha velado por el cumplimiento irrestricto de la ley, así como de las determinaciones que la autoridad judicial federal emite.

Sin embargo, en esta ocasión no coincidimos con sus resoluciones pues consideramos que, de manera incorrecta e ilegal, desde el resuelven el fondo de los juicios de amparo, con un formato, sin analizar las pruebas que existan en cada caso en concreto.

Lo anterior, dijo, está afectando a las víctimas, los procesos y dejando vulnerable a la sociedad. Ya que facilitan la evasión y sustracción de la acción de la justicia de los investigados. “

Los Juzgadores Federales liberan a diestra y siniestra, aplicando fórmulas genéricas en todos los juicios de amparo que se promueven en contra de la prisión preventiva dictada por nuestros jueces”.

“Esto a su vez incide en la gobernabilidad del Estado, pues los Jueces y Magistrados de la Federación, no toman en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre de facto y sin análisis, a personas que representan un peligro inminente”.

La magistrada comentó que se está inobservando la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez vs México, en donde se establece que la Prisión Preventiva Justificada no es violatoria de los Derechos Humanos, pues existen procesos en los que resulta ser la medida idónea y proporcional para garantizar la seguridad de las partes, manteniendo el orden público.