En una muestra de unidad, familias y motociclistas se congregaron en la localidad de Cardel para expresar su rechazo a los presuntos abusos perpetrados por la policía elite de la Fuerza Civil, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. La manifestación, que tuvo lugar el martes 26 de diciembre, fue convocada después de que se reportara un incidente en el que un agricultor de papayas, identificado como Juan Arturo, recibió disparos por parte de la mencionada fuerza policial, supuestamente al ser confundido con un delincuente.

La movilización se inició en “La bomba del agua” y recorrió las principales calles de la localidad. Encabezando la protesta, un grupo de aproximadamente cien hombres en motocicletas fue seguido por alrededor de 500 ciudadanos, incluyendo mujeres, niños y niñas, portando globos y pancartas que clamaban “Alto a los abusos de la policía”, “Basta de operativos y retenes en los pueblos” y “Señor gobernador, paren los abusos de la Fuerza Civil”. La protesta también recibió el respaldo de automovilistas que se unieron al llamado.

Durante la manifestación, los participantes dirigieron sus demandas al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, exigiendo la detención de las presuntas extorsiones cometidas por los policías de la Fuerza Civil. La razón principal de la protesta fue el reciente incidente en el que la mencionada fuerza policial disparó contra Juan Arturo, quien viajaba en su motocicleta y presuntamente no acató una orden de alto.

Los manifestantes también instaron a la Fiscal General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, a llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre el comportamiento de los policías de la Fuerza Civil involucrados en el caso. Según relatos de testigos, Juan Arturo resultó herido en el brazo tras recibir múltiples disparos, logrando salvar su vida al refugiarse en la casa de sus padres.

La marcha evidenció la creciente preocupación de la ciudanía respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad y generó un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas concretas que garanticen  el respeto a los derechos humanos de los cardelenses.