La Justicia de Uruguay ha imputado a siete personas, incluida una funcionaria del Ministerio de Defensa, tras el desmantelamiento de una red de explotación laboral en la que estaban involucrados 28 ciudadanos venezolanos. Los hechos se produjeron en el departamento de Artigas, al norte del país.

Las autoridades policiales de Artigas llevaron a cabo la operación que permitió desarticular esta red, que presuntamente estaba explotando a los venezolanos en condiciones precarias. Los imputados enfrentan cargos por trata de personas y otros delitos relacionados con la explotación laboral.