Orizaba, Ver. – Activistas y abogados locales han solicitado con urgencia la destitución del Juez Adalberto López Pozos, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Orizaba, tras alegar una serie de irregularidades en la gestión de casos judiciales.

El abogado Rubén Martínez Madrid, coordinador general de La Barra de Abogados del Distrito de Orizaba, denunció en una entrevista que el juez ha bloqueado dos de los juicios que lleva, argumentando que uno de ellos, que estaba listo para sentencia, fue reiniciado por decisiones arbitrarias del magistrado. “El Juez canceló todas mis pruebas y ordenó que se volviera a empezar, a pesar de que el juicio está en curso desde 2022 y ya estamos en 2024. Esta maniobra es antijurídica y totalmente indebida”, expresó Martínez.

Además, Martínez acusó al juez de realizar prácticas inconstitucionales al introducir a una persona no relacionada con el expediente en otro juicio que también estaba listo para sentencia. “El Juez me obligó a llevar a cabo un juicio contra alguien que no tenía nada que ver con el asunto, lo cual está prohibido por la ley. Los tribunales de justicia no deben aceptar incidentes engañosos ni que no tengan relevancia con el caso en cuestión”, agregó.

El abogado señaló que ambos juicios afectados son de carácter civil y han quedado paralizados debido a lo que considera una ineptitud por parte del Juez López Pozos. A pesar de haber presentado quejas formales ante el Tribunal Superior de Justicia en Xalapa, Martínez indicó que hasta el momento no se ha tomado ninguna medida concreta para resolver la situación.

“Ya presenté mis quejas, pero no sé si el Tribunal Superior de Justicia actuará de manera efectiva o no. Por eso estamos llevando a cabo esta manifestación”, dijo Martínez, quien exigió la destitución del juez. “No es posible que un Juez que no es profesional, que no califica para su puesto, siga en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Orizaba”.

Martínez concluyó su declaración manifestando que los expedientes manejados por el juez son un “cochinero”, reflejando una falta de profesionalismo en la administración de justicia. “Pedimos su suspensión inmediata porque es una amenaza para la sociedad. ¿Cómo puede alguien buscar justicia cuando se enfrenta a personas que carecen de profesionalismo para resolver los casos?”, finalizó el abogado.

La comunidad jurídica y los ciudadanos de Orizaba siguen de cerca la situación, esperando una respuesta contundente por parte de las autoridades judiciales para garantizar la integridad del sistema de justicia en la región.