El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía (SE), anunció este martes que obtuvo un fallo favorable en un arbitraje internacional promovido por inversionistas de la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, quienes exigían una compensación de más de 270 millones de dólares debido a la terminación anticipada de contratos de renta de plataformas petroleras.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Tribunal Arbitral, conformado bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), resolvió de manera unánime el pasado 19 de agosto de 2024 que carecía de jurisdicción para conocer las reclamaciones presentadas por los demandantes, desestimando el caso en su totalidad. Además, el Tribunal ordenó que los demandantes cubrieran los costos del arbitraje, ascendentes a alrededor de 400,000 dólares.

El caso, conocido como *Alicia Grace y otros* o Oro Negro, fue gestionado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial. Los inversionistas de Oro Negro iniciaron el proceso en 2018, argumentando incumplimientos contractuales por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los contratos de renta de plataformas marinas de extracción de petróleo, vigentes entre 2013 y 2017.

La SE destacó que funcionarios de la dirección general de consultoría jurídica de comercio internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas legales Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose LLP, representaron con éxito a México en este arbitraje, contando con el respaldo institucional de Pemex a lo largo de todo el proceso.

Este fallo, según la SE, representa un “logro importante para el Estado mexicano” y establece un “precedente valioso en materia de arbitraje de inversión”. El Tribunal determinó que no tenía competencia para resolver un caso en el que los demandantes, con doble nacionalidad, donde predominaba la mexicana, presentaron reclamaciones contra su propio país. Asimismo, concluyó que varios de los demandantes no contaban con la legitimidad necesaria para presentar sus reclamaciones conforme al TLCAN.

La SE informó que el laudo está siendo revisado para identificar posibles datos confidenciales, y será publicado en la página del Ciadi una vez finalizado ese proceso.