Xalapa, Veracruz . – Este lunes, la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana (UV), denunció que la Junta de Gobierno de la UV otorgó una prórroga de cuatro años al actual rector de la institución, una medida que ha generado una ola de inconformidad y serios cuestionamientos jurídicos y éticos dentro y fuera de la comunidad universitaria.

Esta resolución es calificada por críticos como un agravio sin precedentes a los principios que deberían regir la vida de la máxima casa de estudios.

El comunicó señala que la decisión contradice abiertamente lo expresado por el Consejo Universitario General, la máxima autoridad de la UV, que en su pasada sesión manifestó un rotundo rechazo al proceso de prórroga, argumentando la falta de sustento legal y el daño institucional que esto implicaría. Además, la Junta de Gobierno ha desoído el clamor mayoritario de la comunidad académica y estudiantil, que exigía un proceso abierto, legítimo y democrático para la elección de la nueva rectoría.

Recordó que quienes aspiran legítimamente a participar en la contienda rectoral han señalado que esta imposición vulnera sus derechos humanos al cerrar arbitrariamente el acceso a un proceso equitativo. La cancelación de la posibilidad de renovación, pluralidad y alternancia es vista como una forma de exclusión institucionalizada que, según los críticos, no debe ni puede ser normalizada.

Destacó que más allá de los aspectos legales y de representación, la resolución tiene un grave trasfondo ético. La Universidad Veracruzana, históricamente un espacio de pensamiento crítico, autonomía y debate plural, se ve ahora, según el comunicado, traicionada en sus valores fundamentales por la Junta de Gobierno. Se acusa a esta de haber optado por una ruta autoritaria, cerrada y sin rendición de cuentas, más propia de regímenes opacos que de una universidad pública en el siglo XXI.

Señaló que esta decisión no solo hiere la legalidad, la representatividad y la ética universitaria, sino que también compromete el futuro de la institución. De mantenerse esta imposición, se prevé que los próximos años estén marcados por una universidad fracturada, debilitada en su cohesión interna y sin posibilidades reales de crecimiento académico, científico o social.

Ante esta situación, indicó que exigen a los integrantes de la Junta de Gobierno que rindan cuentas de manera individual y pública. Además, aseguró que demandan a que cada uno responda ante la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana por este proceder inédito, que rompe con toda tradición de respeto institucional. La gravedad de esta decisión, insisten, no puede diluirse en la responsabilidad colectiva, requiriéndose transparencia total, justificación argumentada y un escrutinio riguroso sobre sus motivaciones y consecuencias».

El comunicado finaliza haciendo un llamado a alzar la voz con responsabilidad y convicción, enfatizando que defender la autonomía universitaria no es solo una consigna, sino una tarea urgente, ética y colectiva. «Se reitera que la Universidad Veracruzana merece un rectorado legítimo, designado con base en la legalidad y el respeto a su comunidad», enfatizó.