Xalapa, Ver..— Con una contundente mayoría de 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó esta noche profundas reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz que modifican el mecanismo de nombramiento, ratificación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El nuevo diseño institucional —que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de proponer y, en última instancia, designar entre dos perfiles previamente enviados al Congreso— marca un antes y un después en el equilibrio de responsabilidades entre poderes. Con ello, y dada la reducción del periodo a cuatro años con posibilidad de renovación directa por parte del Ejecutivo, se vuelve prácticamente inevitable el relevo en la titularidad de la Fiscalía, actualmente encabezada por Verónica Hernández Giadáns, cuyo periodo concluye en 2027 bajo el esquema anterior.

Aunque la reforma no menciona nombres, su entrada en vigor abre la puerta a que el Ejecutivo estatal pueda remover anticipadamente a la o el Fiscal por causas graves previstas en la ley, decisión que solo podría ser objetada por el Congreso mediante la misma votación calificada requerida para el nombramiento. Este rediseño jurídico, según legisladores de diversas bancadas, configura un escenario donde la permanencia de la actual Fiscal queda sujeta a la nueva arquitectura institucional y al criterio del Ejecutivo.

Un nuevo modelo de designación

Con las reformas aprobadas, la persona Titular del Poder Ejecutivo será quien presente la propuesta para encabezar la FGE, y el Congreso dispondrá de cinco días hábiles para votarla. Si no emite pronunciamiento, la propuesta se considerará aprobada.

En caso de rechazo, el Ejecutivo enviará una segunda propuesta; si esta tampoco reúne la votación necesaria o el Congreso no se pronuncia en el plazo, el Ejecutivo tendrá la facultad de elegir entre las dos personas propuestas inicialmente.

Además, el cargo durará cuatro años, con posibilidad de un segundo periodo ratificado directamente por el Ejecutivo y notificado al Congreso para la protesta de ley.

Argumentos a favor y en contra

Durante la Decimosegunda Sesión Ordinaria, Morena, PVEM, PT y MC destacaron que el nuevo modelo garantiza celeridad, coordinación entre poderes y claridad en la responsabilidad política, evitando parálisis institucionales.

La diputada morenista Ingrid Jeny Calderón afirmó que la reforma permitirá “resultados en corto tiempo” y una procuración de justicia sensible y eficaz, alineada con la visión de paz impulsada por el Gobierno estatal.

El PVEM consideró que se eliminan vacíos constitucionales y se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Para el PT, el nuevo diseño representa una evolución hacia un esquema más dinámico y acorde con las necesidades actuales.

En contraste, PAN y Veracruz Nos Une advirtieron un retroceso en la autonomía del organismo. Sin embargo hicieron votos para que  la independencia institucional y la confianza pública en el combate a la impunidad prevalezca.

Próximo paso: municipios deberán avalar las reformas

Al tratarse de cambios constitucionales, la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, instruyó remitir el decreto a los 212 ayuntamientos para su análisis y eventual aprobación.

Un relevo inevitable

Con el nuevo marco legal, el modelo transexenal queda atrás y se establece un ciclo institucional estrictamente vinculado al Ejecutivo en turno. Bajo estas condiciones, y dado que la reforma establece un nuevo procedimiento y plazos de designación, la salida de Verónica Hernández Giadáns se perfila como inminente una vez que el decreto sea ratificado por los municipios y promulgado, abriendo paso a un proceso renovado de evaluación y nombramiento para la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

La discusión de esta noche anticipa un reacomodo mayor en el sistema de procuración de justicia en Veracruz, cuyo impacto será determinante para los próximos años.