• Tras la anulación de la elección municipal, la alcaldesa en funciones hasta el 31 de diciembre pasado, Guadalupe Rodríguez Torres se rehusaba a entregar el inmueble, ordenando a sus policías cerrar los accesos a los consejales designados por la LXVII Legislatura, dejando instalaciones en condiciones deplorables, con señalamientos de espionaje, desacato y abuso de autoridad. 

En Tamiahua, en el extremo norte de Veracruz, el relevo institucional derivó en un episodio que raya en el abuso de poder. La exalcaldesa morenista Guadalupe Rodríguez Torres se negó a entregar el Palacio Municipal al Consejo Municipal designado por la LXVII Legislatura del Estado, luego de que la Sala Superior del TRIFE anulara la elección que, legalmente, había ganado Citlalli Medellín Careaga.

Lejos de acatar la resolución, la exedil convirtió el edificio público en un “búnker”, presuntamente equipado con cámaras y micrófonos, e instruyó a la policía municipal impedir el acceso incluso a los integrantes del nuevo órgano de gobierno. La presión social, amplificada en redes sociales, obligó finalmente a permitir la entrada, luego de que el Consejo celebrara su primera sesión en la calle, una imagen que retrata el deterioro institucional heredado.

Guadalupe Rodríguez Torres, exalcaldesa de estracción morenista, se atrincheró en el Palacio Municipal, violentando leyes y reglamentos inherentes al proceso de entrega recepción. Será denunciada.

Encabezados por el presidente del Consejo, Luis Fernando Cagnant Ramírez, la síndica Xóchitl Abril Vidales del Río y los vocales Jorge Isaac Lara Valenzuela, Analí Áran Alarcón, Roberto Carlos Rosas Cruz y Citlalli Mendoza Casanova, los consejeros realizaron un recorrido por el Ayuntamiento y el DIF Municipal. Lo encontrado fue descrito sin matices: suciedad, abandono, malos olores y deterioro, además de equipo de cómputo destrozado, mobiliario inservible y oficinas en condiciones indignas.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Citlalli Medellín Careaga, calificó como “indignante” que, mientras las oficinas operaban en ese estado, existiera un sistema de vigilancia con audio para espiar a las nuevas autoridades. “Se humilló a trabajadores y al pueblo hasta el último momento”, denunció.

Ante las irregularidades, Cagnant Ramírez informó que la Tesorería Municipal no puede activarse y que no habrá cobro de predial, al no haberse realizado la entrega-recepción, que debió ocurrir ayer al mediodía. El Consejo calificó los hechos como desacato, abuso de autoridad y dolo, y anunció denuncias para que los responsables enfrenten la ley.