Ciudad de México .- Con el objetivo de erradicar la impunidad en los procesos judiciales por faltas administrativas y delitos de servidores públicos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció la preparación de un robusto paquete de reformas legales. La pieza central de esta iniciativa será dotar de validez jurídica a la figura del “trabajador encubierto”, una herramienta de investigación que, hasta ahora, carecía de un sustento legal sólido en el marco federal.

La titular de la dependencia explicó que, históricamente, la falta de reconocimiento jurídico de estos agentes ha provocado que numerosos casos de corrupción sean desestimados por los tribunales. Con esta reforma, se busca que las pruebas obtenidas mediante esta modalidad tengan pleno valor legal para sancionar conductas irregulares.

Asimismo, el paquete legislativo contempla el fortalecimiento de la cultura de la denuncia mediante la creación de artículos que garanticen estrictamente la confidencialidad y discrecionalidad. Bajo una política de “cero tolerancia”, la administración federal pretende no solo castigar el cohecho y el desvío de recursos, sino también empoderar al ciudadano para que participe activamente en la vigilancia de los servicios públicos.