Ciudad de México .- En una medida dirigida a erradicar los privilegios económicos en la alta burocracia, la presidenta de la República anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para poner un límite estricto a las pensiones de los altos mandos del sector público. La propuesta busca que ninguna jubilación de niveles directivos supere el 50 por ciento del salario percibido por el titular del Ejecutivo Federal.

La mandataria subrayó que esta reforma no afectará a los trabajadores de base ni a quienes están amparados por contratos colectivos, como el personal operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El objetivo central es corregir distorsiones históricas, citando como ejemplo casos extremos en los que exfuncionarios de organismos como Luz y Fuerza del Centro perciben hasta un millón de pesos mensuales.

Esta iniciativa se suma a la estrategia de austeridad republicana, elevando a rango constitucional la prohibición de pensiones que resulten desproporcionadas frente a la realidad económica del país y el promedio de los trabajadores mexicanos.