Xalapa, Veracruz .- En una revelación que sacude al sistema educativo estatal, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, presentó detalles de una compleja red de corrupción y evasión fiscal que operaba dentro de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). A través de una estructura híbrida que utilizaba una asociación civil como fachada, se desviaban recursos destinados al pago de docentes hacia giros comerciales ajenos a la educación.

En entrevista con el periodista Luis Ramírez Baqueiro, la mandataria estatal explicó que, mientras el Gobierno cubría infraestructura y salarios administrativos, una fundación privada captaba las cuotas estudiantiles. Sin embargo, en lugar de remunerar a los profesores, la red los registraba como “asociados” para triangular fondos y evadir obligaciones fiscales. Ante la gravedad de los hallazgos, la Fiscalía Anticorrupción tomó el caso, resultando ya en tres exadministradores bajo proceso judicial y diversas órdenes de aprehensión vigentes.

Pese al borrado de nóminas por parte de la fundación involucrada, la actual administración logró censar a más de 5 mil trabajadores para garantizar sus pagos, los cuales comenzaron a dispersarse este viernes. La gobernadora envió un mensaje de tranquilidad a los más de 60 mil alumnos de la UPAV, asegurando que tanto sus clases como la validez de sus títulos están plenamente garantizados bajo un nuevo esquema de transparencia que incluye la investigación de casi 500 directivos.