🔴 Gobierno de Pablo Lemus y administración municipal de Verónica Delgadillo, bajo cuestionamiento por el operativo policial contra ciudadanos que protestaban por la crisis hídrica en Guadalajara.

GUADALAJARA, JALISCO.— La respuesta policial a una protesta ciudadana por la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desató fuertes cuestionamientos contra el gobierno estatal de Pablo Lemus Navarro y la administración municipal encabezada por Verónica Delgadillo García, luego de que se reportaran al menos 12 personas detenidas y versiones extraoficiales apuntaran a que la cifra podría ascender a 39.

La movilización surgió ante el descontento por las deficiencias en el suministro de agua potable y la inoperancia señalada por los usuarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Los manifestantes denunciaron que, desde hace meses, reciben líquido con olores desagradables, incluso descritos como similares a los de materia fecal, una situación que exige explicaciones y respuestas inmediatas de las autoridades responsables.

En lugar de privilegiar el diálogo y atender una demanda esencial para la salud pública, los cuerpos antimotines recurrieron al uso de chorros de agua y, posteriormente, de gas lacrimógeno, de acuerdo con los testimonios y reportes sobre los hechos. Entre las personas afectadas habría mujeres, adultos mayores y jóvenes que reclamaban su derecho a contar con agua de calidad y a expresar libremente su inconformidad.

La actuación policial merece un rechazo contundente si, como denuncian los participantes, se empleó la fuerza de manera indiscriminada contra ciudadanos que ejercían su derecho a la libre manifestación. Ninguna autoridad puede convertir una protesta social en motivo para castigar colectivamente a quienes reclaman servicios públicos dignos.

Durante la movilización también se reportó que una persona tuvo que recibir atención de paramédicos tras desvanecerse, presuntamente por los efectos del gas lacrimógeno. Asimismo, circularon versiones sobre la presencia de provocadores que habrían agredido a los uniformados, circunstancia que, según denunciaron manifestantes, habría servido de pretexto para detener a personas ajenas a esos actos. Estas versiones requieren una investigación independiente que permita esclarecer responsabilidades.

DETENCIONES BAJO ESCRUTINIO

Una relación difundida públicamente identificó a 12 personas presuntamente detenidas, aunque hasta el momento de los reportes no existía confirmación oficial suficiente sobre la situación jurídica de todas ellas.

En la lista aparecen Verónica Nallely Santiago Correa, María Fernanda Sedano Fonseca, Marisol López Díaz, Adriana Gabriela Arreola Dueñas, Eduardo Daniel Ramírez Silva y Ricardo Ramírez Silva.

También se menciona a Melina Martínez, Xalli Yeneli Hernández Jimón, Alejandra Rivas, Jorge Ignacio Luna Bernal y Fernanda Mayte Jiménez Íñiguez, además de una persona identificada únicamente como Ma. Aceves. En el caso de Luna Bernal, el listado señala que habría sido golpeado por policías.

Las versiones extraoficiales sobre un total de 39 detenidos, entre ellos un menor de edad, permanecían pendientes de confirmación por parte de la Secretaría de Seguridad. La cifra, por tanto, no debe considerarse definitiva sin información oficial verificable.

En redes sociales también se difundieron imágenes de un camión blanco que habría salido de las inmediaciones de Casa Jalisco. Según testimonios compartidos, en la unidad serían trasladadas personas detenidas durante la movilización, una circunstancia que debe ser aclarada por las autoridades.

EXIGEN LIBERACIÓN Y RESPETO A SUS DERECHOS

Parte de los participantes permaneció frente a Casa Jalisco, donde leyó un comunicado y dio a conocer los nombres de quienes reportaba como detenidos. Desde ese lugar exigieron su liberación y advirtieron que continuarían las movilizaciones si el gobierno no atendía sus demandas.

Otro contingente se dirigió hacia la glorieta de La Minerva y avanzó por el corredor Juárez-Vallarta con rumbo al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Guadalajara. Ante los acontecimientos, se solicitó el apoyo de elementos de las policías municipales de Guadalajara y Zapopan.

El fondo del conflicto no puede perderse entre gases, detenciones y despliegues policiales: los ciudadanos salieron a las calles para exigir agua potable en condiciones adecuadas. La responsabilidad de los gobiernos consiste en garantizar servicios públicos eficientes, proteger la salud de la población y respetar las libertades constitucionales.

Los gobiernos de Pablo Lemus Navarro y Verónica Delgadillo García deben ofrecer una explicación pública sobre el operativo, transparentar la situación de las personas detenidas, garantizar el acceso de sus familiares y abogados, investigar cualquier abuso policial y presentar soluciones verificables a la crisis del agua.

La fuerza pública no puede sustituir la capacidad de gobernar. Cuando una demanda básica como el acceso al agua desemboca en denuncias de represión, corresponde a las autoridades rendir cuentas, garantizar el debido proceso y demostrar que el diálogo y los derechos ciudadanos están por encima de cualquier intento de silenciar la protesta social.

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