El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) reveló recientemente el monto actualizado de la deuda pública y obligaciones del estado al cierre del ejercicio fiscal 2024, en un documento que pone sobre la mesa la compleja situación financiera que enfrenta la entidad.

De acuerdo con el informe, la deuda pública consolidada —que incluye al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los entes municipales— asciende a más de 51 mil millones de pesos. Este dato representa no sólo una cifra contundente, sino también un reflejo de los compromisos adquiridos por los diferentes niveles de gobierno en la entidad.

¿De qué se compone esta deuda?

El análisis desglosa los principales instrumentos financieros que conforman este endeudamiento:

• Créditos simples: Esquemas tradicionales de financiamiento contratados por los distintos órganos gubernamentales.
• Bonos Cupón Cero del Fondo Nacional de Reconstrucción: Recursos destinados a la recuperación de infraestructura afectada por fenómenos naturales.
• Bonos Cupón Cero del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad: Instrumentos orientados al financiamiento de proyectos estratégicos en estos dos rubros clave.

Estos elementos reflejan que buena parte de la deuda ha sido contratada para atender necesidades estructurales y emergencias, aunque no se especifica en qué medida estos recursos han sido aplicados de manera eficiente o transparente.

Discrepancias en las cifras: Orfis vs. SHCP

Llama la atención que, mientras Orfis reporta una deuda total superior a los 51 mil millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala un monto ligeramente inferior, cercano a los 48 mil millones de pesos. Esta diferencia de aproximadamente 3 mil millones puede responder a distintos criterios de contabilización entre ambas instituciones.

Es importante destacar que Hacienda sólo contempla en su reporte la deuda correspondiente al Poder Ejecutivo, Municipios y Entidades Paramunicipales, por lo que podría no incluir algunas obligaciones del Poder Judicial u otros pasivos no clasificados como deuda directa.

Una carga con implicaciones a largo plazo

El saldo de la deuda pública en Veracruz no sólo representa una cifra estática; implica compromisos financieros que condicionan el presupuesto futuro. El servicio de la deuda —pago de intereses y amortización del capital— absorbe una parte considerable de los recursos estatales, limitando la capacidad de inversión en áreas fundamentales como salud, educación o seguridad.

Además, la falta de claridad en algunos componentes de la deuda, como los bonos Cupón Cero, genera interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo financiero estatal.

Transparencia y fiscalización, pendientes clave

Este informe del Orfis llega en un contexto en el que la exigencia ciudadana por una mayor rendición de cuentas es cada vez más fuerte. Aunque se reconoce el esfuerzo por dar a conocer la magnitud de los compromisos financieros del estado, aún falta detallar el destino específico de los recursos, su impacto y los mecanismos de supervisión aplicados.

En ese sentido, será crucial que las autoridades estatales y municipales no solo transparenten sus cifras, sino que abran canales de revisión y participación ciudadana para garantizar que cada peso comprometido contribuya efectivamente al desarrollo del estado.

En conclusión, la deuda pública de Veracruz, al cierre de 2024, refleja una realidad financiera que requiere atención prioritaria. Más allá de las cifras, el verdadero reto radica en asegurar que estos recursos se utilicen con responsabilidad, eficacia y con una visión de largo plazo que priorice el bienestar de los veracruzanos.