Xalapa, Veracruz . – En un giro de 180 grados a la política institucional que prevaleció durante años, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz anunció que ha comenzado a aceptar de forma sistemática las recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos. Durante su comparecencia ante el Congreso Local, la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que bajo su mando la institución no será más un obstáculo para la justicia reparatoria.

Apenas a seis semanas de haber asumido el cargo, Jiménez Aguirre informó que ya han sido aceptadas formalmente las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el organismo estatal. La funcionaria subrayó que su instrucción es clara: alinear la actuación del Ministerio Público con los estándares internacionales de protección a la dignidad humana.

Además de este cambio en materia de derechos fundamentales, la fiscal presentó un balance operativo robusto que incluye el cumplimiento de 264 órdenes de aprehensión y la ejecución de 140 cateos. Este nuevo modelo de procuración de justicia se apoya en tres ejes estratégicos: modernización, optimización operativa y coordinación estrecha con el Poder Judicial para agilizar la entrega de cuerpos identificados y la ejecución de mandamientos judiciales.