Xalapa, Veracruz. El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) informó que Joana Marlene Bautista Flores, exdirectora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, fue inhabilitada por 10 años para ocupar cargos públicos

tras determinarse que incurrió en daño patrimonial derivado de la contratación irregular de bienes y servicios durante su gestión; la sanción fue resuelta por el Consejo de la Judicatura y estará vigente del 10 de septiembre de 2024 al 9 de septiembre de 2034.

La sanción forma parte de los primeros registros publicados en la Plataforma Digital Anticorrupción de Veracruz, donde el SEA difundió los nombres de exservidores públicos castigados por faltas administrativas graves.

En total, 15 personas fueron sancionadas con inhabilitación para ejercer cargos públicos: 12 del Poder Judicial de Veracruz, una de la Secretaría de Salud, una de la Secretaría de Turismo y una más del Ayuntamiento de Tlilapan.

Entre ellas aparece Bautista Flores, quien se desempeñó como responsable administrativa del Poder Judicial estatal y fue señalada por irregularidades en la contratación de bienes y servicios que derivaron en un daño patrimonial.

De acuerdo con la investigación difundida previamente, el Consejo de la Judicatura resolvió la sanción en septiembre pasado, determinando que la exfuncionaria no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público durante el periodo de inhabilitación.

Junto con Bautista Flores también fueron sancionados Manuela Saldaña Río y Elvis Viveros Arroyo, exfuncionarios del mismo poder, igualmente señalados por provocar daño patrimonial.

La exdirectora administrativa intentó revertir la sanción mediante un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, recurso que fue rechazado el 31 de octubre. Posteriormente promovió una queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la cual fue declarada infundada el 11 de noviembre.

Además de la inhabilitación administrativa, en febrero pasado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que se interpusieron cuatro denuncias penales por presuntos delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado, relacionados con hechos ocurridos en 2023.

Una auditoría de la Contraloría Interna detectó contratos asignados a empresas no localizables y de reciente creación por cerca de 50 millones de pesos, así como presuntas irregularidades como sustracción de mobiliario, robo específico, peculado y administración fraudulenta.

En el contexto político del caso, Bautista Flores fue nombrada directora general de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) el 6 de agosto de 2020, presuntamente por intermediación del entonces subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez. Desde esa posición —según diversas investigaciones y señalamientos— se operó el manejo de recursos que habrían financiado actividades de la asociación  “Unidos Todos”, cuyas prácticas lesionaron la economía de miles de burócratas.

También es señalada como responsable del desfalco que dejó al Poder Judicial de Veracruz sin presupuesto en 2021, situación que provocó una fuerte crisis financiera en la institución. Bautista Flores fue cesada del cargo en septiembre de 2023, en medio de las investigaciones administrativas y penales derivadas de estas irregularidades.