Ciudad de México. – Este 15 de abril de 2026, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, cumplió formalmente la sentencia de nueve años de prisión que le fue impuesta por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, el exmandatario no abandonará el Reclusorio Norte, ya que enfrenta un nuevo proceso penal que podría extender su permanencia tras las rejas por dos décadas más.

La situación jurídica de Duarte se complicó en febrero pasado, cuando fue vinculado a proceso por el presunto desvío de recursos públicos del sector salud ocurrido en 2012. Por este cargo de peculado, la Fiscalía General de la República (FGR) busca imponer una pena de hasta 21 años de prisión. El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor ha fijado el 17 de agosto como el plazo para el cierre de la investigación complementaria, aunque la defensa ha interpuesto impugnaciones para frenar el avance del caso.

A casi diez años de su mediática detención en Guatemala, el legado judicial de Duarte de Ochoa sigue sumando expedientes. Además del caso de peculado, persiste una investigación vigente por desaparición forzada relacionada con un elemento de la policía estatal en 2016. Pese a que el exgobernador intentó obtener la libertad anticipada en noviembre de 2025, el Poder Judicial ha mantenido la negativa debido a la gravedad y vigencia de estos procesos alternos.

El nombre de Javier Duarte continúa ligado a uno de los periodos más críticos para Veracruz (2010-2016), marcado por señalamientos de empresas fantasma, el uso de “cuentas concentradoras” para desvío de fondos y el escándalo de presuntos tratamientos oncológicos inertes para menores, factores que mantienen su caso como un referente de la fiscalización de recursos públicos en México.