Mientras voces opositoras dentro y fuera de México insisten en construir la narrativa de un Estado rebasado por el crimen organizado, los recientes operativos encabezados por la Secretaría de Marina en el Océano Pacífico exhiben una realidad mucho más incómoda para sus críticos: el gobierno mexicano está golpeando con fuerza las rutas internacionales del narcotráfico y desmantelando operaciones criminales de gran escala.

La incautación de 63 bultos con presunta cocaína en tres acciones distintas no es solamente una cifra para el registro estadístico. Es un mensaje político y estratégico que responde directamente a quienes, desde sectores conservadores en México y actores políticos en Estados Unidos, buscan instalar la idea de que las instituciones mexicanas han claudicado frente al crimen.

Los hechos cuentan otra historia

A más de 300 kilómetros de las costas de Guerrero, elementos navales interceptaron 22 bultos de droga y rescataron a 11 personas náufragas. En Manzanillo, Colima, durante la inspección de un buque portacontenedores, se aseguraron otros siete paquetes y fueron detenidos tres extranjeros que viajaban como polizones. Finalmente, frente a las costas de Acapulco, la Marina recuperó 34 bultos más que posteriormente fueron trasladados a Oaxaca para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Detrás de estos aseguramientos existe un componente pocas veces reconocido en el debate político: la creciente capacidad operativa, tecnológica y de inteligencia marítima del Estado mexicano. Las acciones no ocurrieron por casualidad ni por simples patrullajes aleatorios; forman parte de una estrategia permanente de vigilancia oceánica que busca cortar corredores logísticos utilizados por organizaciones criminales internacionales.

Por ello, el dato revelado por la Marina adquiere especial relevancia: más de 65.5 toneladas de droga aseguradas en el mar durante la presente administración. La cifra desmonta el discurso simplista de quienes aseguran que no existe combate frontal al narcotráfico. Estos golpes han evitado que 262 millones de dosis aproximadamente hayan llegado al alcance de los adictos, principalmente en Estados Unidos. 

El trasfondo político también es inevitable. Mientras algunos sectores en Estados Unidos presionan para catalogar a grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas y ciertos actores nacionales apuestan por narrativas de intervención extranjera, las fuerzas armadas mexicanas responden con resultados concretos en territorio y aguas nacionales.

En otras palabras, cada tonelada decomisada representa también un golpe al discurso de los críticos que apuestan por desacreditar cualquier avance institucional del país. Porque más allá de la disputa política, los operativos recientes evidencian que el Estado mexicano mantiene capacidad de acción, coordinación y presencia estratégica en una de las rutas más complejas del crimen transnacional.

La lucha contra el narcotráfico no se gana con declaraciones estridentes ni campañas mediáticas internacionales. Se libra en altamar, en inteligencia operativa y en decomisos como los realizados por la Marina, que hoy colocan a México en una posición distinta frente a quienes insisten en retratarlo como un país inerme frente al crimen organizado.