Raúl Domínguez/Firmasmx

Durante casi dos décadas, la palabra bursatilización se convirtió en uno de los conceptos más recurrentes, polémicos y cuestionados dentro de la vida pública de Veracruz. Alcaldes de todos los partidos políticos llegaron y se fueron administrando un problema que no habían creado, pero que condicionaba buena parte de sus presupuestos anuales. Lo que para algunos fue presentado en 2008 como una alternativa moderna de financiamiento, con el paso de los años terminó siendo señalado por especialistas como un mecanismo que hipotecó el futuro de los municipios.

Ese capítulo llegó oficialmente a su fin.

La gobernadora Rocío Nahle García anunció la liquidación definitiva de la deuda bursátil que afectaba a 199 municipios veracruzanos, una decisión que no sólo representa el cierre de uno de los expedientes financieros más complejos del estado, sino que modifica de fondo las condiciones económicas bajo las cuales operarán los gobiernos municipales durante los próximos años.

No se trata únicamente de cancelar una deuda.

Se trata de recuperar la autonomía financiera de prácticamente todo el estado.

Un contrato que terminó costando cuatro veces más

La explicación presentada por el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, confirmó lo que durante años había sido motivo de críticas.

La bursatilización fue contratada originalmente por mil 208 millones de pesos; sin embargo, su estructura financiera —indexada a UDIS, con sobretasas superiores a las condiciones normales del mercado y un rígido esquema de retención de participaciones federales— convirtió aquel financiamiento en una obligación extraordinariamente costosa.

Los municipios ya habían pagado 2 mil 573 millones de pesos.

Y aun así todavía estaban comprometidos a desembolsar otros 2 mil 266 millones hasta el año 2036.

En otras palabras, el costo total habría superado ampliamente los 4 mil 800 millones de pesos, casi cuatro veces el monto originalmente contratado.

Por ello, Miguel Reyes no dudó en definir el esquema como un “contrato leonino”, expresión que resume la percepción de numerosos especialistas financieros sobre un modelo que terminó beneficiando mucho más a las instituciones acreedoras que a los gobiernos municipales.

La deuda que frenó el desarrollo local

Las consecuencias de la bursatilización fueron mucho más profundas que un simple compromiso financiero.

Cada año, una parte importante de las participaciones federales llegaba a los municipios ya comprometida por el fideicomiso.

• Eso significaba menos recursos para pavimentación.
• Menos drenajes.
• Menos agua potable.
• Menos infraestructura.
• Menos alumbrado público.
• Menos capacidad para responder a las necesidades ciudadanas.

Mientras las administraciones municipales enfrentaban crecientes demandas sociales, una parte de sus ingresos continuaba destinada a cubrir una deuda heredada.

Durante años, alcaldes de todas las fuerzas políticas coincidieron en un diagnóstico: la bursatilización limitaba seriamente la capacidad de inversión pública.

No distinguía colores partidistas.

Afectaba por igual a municipios gobernados por Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PVEM o cualquier otra fuerza política.

Era un problema estructural.

La recuperación de recursos olvidados

Ojo: Uno de los elementos que mayor sorpresa generó durante el anuncio fue el hallazgo de mil 085 millones de pesos existentes dentro del propio fideicomiso.

Los recursos permanecían distribuidos en tres cuentas: participaciones, soporte y fondo de reserva.

De acuerdo con la explicación oficial, esos fondos no habían sido transparentados plenamente ni a los municipios ni al propio Gobierno del Estado.

Su recuperación permitió modificar completamente el escenario financiero.

A esos recursos se sumó una aportación cercana a 500 millones de pesos realizada por el Gobierno de Veracruz para extinguir definitivamente la obligación financiera.

Con ello, la deuda quedó liquidada el 14 de julio de 2026, una década antes del horizonte previsto por el contrato original.

Un momento que sorprendió a la clase política veracruzana

Más allá de las explicaciones técnicas, el acto celebrado en Palacio de Gobierno dejó una de las imágenes políticas más significativas de los últimos años en Veracruz.

Los 199 presidentes municipales presentes —provenientes de prácticamente todas las expresiones partidistas— respondieron con una prolongada ovación a la gobernadora Rocío Nahle.

No fue un aplauso protocolario.

Fue el reconocimiento de quienes durante años administraron presupuestos limitados por una deuda que parecía imposible de extinguir antes de tiempo.

En una época caracterizada por la polarización política, pocas decisiones gubernamentales logran un consenso tan amplio entre actores de distintas ideologías.

La liberación de las participaciones federales se convirtió, en un punto de coincidencia para alcaldes de todas las corrientes.

El impacto económico comienza ahora

El beneficio más importante quizá aún no se refleja en cifras.

Empieza a construirse.

Al desaparecer este pasivo financiero, los municipios recuperan capacidad presupuestal.

Podrán destinar mayores recursos a inversión pública.

Tendrán mejores condiciones para acceder a financiamiento en el futuro.

Sus indicadores financieros mejorarán.

También sus calificaciones crediticias.

Pero, sobre todo, contarán con mayor margen para decidir el destino de sus propios recursos.

Desde la perspectiva económica, la extinción de la bursatilización representa uno de los rescates financieros municipales más relevantes registrados en Veracruz durante las últimas décadas.

Un hecho que trasciende gobiernos

Las obras públicas suelen convertirse en el sello de un gobierno. Las reformas legales redefinen el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, son contadas las decisiones que logran transformar, de manera estructural y permanente, el destino financiero de casi la totalidad de los municipios de un estado.

La liquidación definitiva de la bursatilización pertenece a esa categoría de hechos excepcionales.

No significó únicamente saldar una deuda; representó el desmantelamiento de un esquema financiero que durante años hipotecó las participaciones federales de los municipios, limitó su capacidad de inversión y frenó el desarrollo regional. Con su desaparición no sólo se cerró un expediente financiero: se abrió una nueva etapa para el municipalismo veracruzano, libre de una carga que condicionó su crecimiento durante casi dos décadas.

Las próximas administraciones municipales recibirán participaciones libres de un compromiso financiero que parecía permanente.

Y esa diferencia puede traducirse, con el tiempo, en más infraestructura, mejores servicios públicos y una mayor capacidad para responder a las necesidades de millones de veracruzanos.

La historia política suele recordar los grandes proyectos de infraestructura, las reformas constitucionales o las elecciones que modifican el rumbo de un estado.

Sin embargo, existen decisiones financieras cuyo impacto termina siendo igual o incluso más profundo.

La liquidación definitiva de la bursatilización podría convertirse, con el paso de los años, en una de ellas.

Porque más allá de las cifras, los fideicomisos y los tecnicismos financieros, lo que realmente quedó liberado fue el futuro presupuestal de 199 municipios de Veracruz. Nada más pero nada menos.

Si Veracruz abrió una nueva etapa al elegir por primera vez a una mujer como gobernadora, Rocío Nahle ha demostrado que el verdadero liderazgo se ejerce con visión de Estado, determinación y resultados. Su mayor legado será haber tomado decisiones que devolvieron a los municipios la libertad para construir su labrar su propio destino.