Ciudad de México .- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, desmintió de manera categórica que los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias pretendan que el Estado intervenga en la evaluación o calificación de lo que es verdadero o falso en los medios de comunicación masiva.

La funcionaria federal precisó que el espíritu de la regulación busca garantizar el derecho ciudadano a recibir información verificada, plural y veraz, evitando la propagación de noticias falsas, pero aclaró que la responsabilidad de vigilar dicho cumplimiento recaerá exclusivamente en los concesionarios y empresas de comunicación.

En ese sentido, Alcalde Luján detalló que serán los propios medios de comunicación quienes deberán autorregularse mediante la emisión y aplicación de sus respectivos códigos de ética. A través de estos mecanismos internos, cada empresa establecerá los criterios de verificación de datos para asegurar el rigor periodístico en sus contenidos.

Finalmente, la consejera reiteró que en ningún apartado del texto normativo se contempla que el Gobierno o alguna institución estatal actúe como un tribunal de la verdad, reafirmando el respeto a la libertad de expresión y la independencia editorial de las empresas de comunicación en el país.