Ciudad de México .- Con el fin de brindar certidumbre sobre los requisitos de elegibilidad de los ciudadanos que pretenden competir por cargos públicos, la Presidencia de la República, a través de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expuso los criterios vigentes que determinan la inhabilitación político-electoral en el país.

Durante su intervención, el coordinador general de Política y Gobierno enfatizó que la privación del derecho a ser votado opera bajo causas graves y estrictamente normadas, asegurando que el sistema judicial no sea utilizado de forma arbitraria para truncar aspiraciones sin el sustento legal correspondiente.

Zaldívar enumeró que la pérdida de este derecho se concreta al estar sujeto a prisión preventiva, cuando la persona se encuentre en calidad de prófuga de la justicia para evadir la acción penal, o bien, cuando exista una condena firme por la comisión de delitos contra la vida, delitos sexuales, violencia familiar o violencia política en razón de género.

En contraparte, el funcionario aclaró un punto técnico de recurrente confusión en la opinión pública: la expedición de un mandamiento judicial o mandato de captura no implica en automático la cancelación de las prerrogativas ciudadanas, toda vez que se debe salvaguardar el principio de presunción de inocencia mientras no exista un fallo definitivo o una privación cautelar de la libertad.

Con esta delimitación, el gobierno federal reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley, dejando en claro que el acceso a las boletas electorales estará cerrado para quienes hayan incurrido en conductas delictivas graves, salvaguardando la integridad de las instituciones democráticas.