Ciudad de México .- La investigación sobre las operaciones financieras de Genaro García Luna ha tomado un nuevo impulso tras la presentación formal del esquema de desvío y blanqueo de capitales integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El expediente acredita la confabulación entre servidores públicos e iniciativa privada para saquear fondos estatales.

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, expuso ante medios de comunicación que la estructura delictiva operó a partir de una fachada corporativa compleja. A través de contrataciones manipuladas, los implicados justificaron transferencias millonarias hacia empresas constituidas sin soporte operativo tangible.

En el centro de las indagatorias se ubica la familia Weinberg, identificada como una pieza clave para la colocación de recursos. Este grupo empresarial fue beneficiado con al menos 30 contratos otorgados bajo la modalidad de sobreprecio, generando cuantiosas ganancias que posteriormente retornaban como incentivos para la cúpula de la red.

Como parte del proceso de recuperación patrimonial impulsado en cortes estadounidenses, el Gobierno de México logró un ingreso efectivo por 5 millones 805 mil 693 dólares. Este dividendo resultó de la ejecución de una fianza y de la enajenación judicial de 12 bienes inmuebles ubicados en distintas ciudades de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas reiteraron que la restitución de estos activos constituye únicamente la primera etapa de una estrategia judicial integral que busca desarticular por completo los beneficios económicos obtenidos por la vía delictiva en administraciones pasadas.