Ciudad de México .- Desde el corazón del Ejecutivo federal, la Coordinación General de Política y Gobierno dejó en claro que las normas electorales e institucionales del país no permiten la impunidad ni el uso de candidaturas como refugio para personas señaladas por la justicia penal.

Al ser cuestionado durante su conferencia sobre la situación jurídica del exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el titular de la oficina, Arturo Zaldívar, declinó emitir un juicio particular sobre el caso concreto para no vulnerar el debido proceso ni calificar expedientes ajenos a su competencia directa.

Pese a la reserva del nombre, el funcionario expuso de manera categórica la doctrina jurídica que rige en la materia, destacando que el sistema electoral mexicano exige la vigencia plena de los derechos ciudadanos para poder ejercer el derecho a ser votado.

Zaldívar subrayó que si un individuo afronta un mandato de aprehensión librado por un juez, decide no comparecer ante la autoridad jurisdiccional y fija su residencia fuera del territorio nacional, queda tipificado de forma automática bajo el estatus de prófugo de la justicia.

Con este planteamiento, la administración federal ratifica que el cumplimiento de los mandamientos judiciales y el sometimiento al imperio de la ley constituyen requisitos infranqueables para cualquier actor político que pretenda incorporarse a la vida pública de la nación.