• El máximo tribunal avaló por unanimidad las decisiones del Congreso de Nuevo León y estableció límites a la facultad de veto del Ejecutivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó este lunes un revés jurídico al gobernador de Nuevo León, Samuel García, al declarar infundada, por unanimidad, la controversia constitucional mediante la cual buscó impugnar el rechazo de sus vetos a seis decretos aprobados por el Congreso estatal en 2022.

El fallo, resuelto en apenas unos minutos, confirmó que las observaciones presentadas por el mandatario fueron extemporáneas, por lo que el Congreso actuó conforme a la Constitución local al desecharlas.

Los decretos involucraban reformas en materias como el funcionamiento del Poder Legislativo, adquisiciones, Hacienda estatal, patrimonio cultural, servicios de agua y movilidad sostenible.

La Corte también avaló la existencia de una Comisión de Estudio Previo, facultada para revisar si los escritos de veto cumplen con los plazos legales antes de ser enviados al Pleno.

El golpe político y jurídico es contundente: los ministros establecieron que el veto presidencial no puede convertirse en una herramienta para subordinar al Poder Legislativo a los intereses del Ejecutivo. La facultad de veto, señalaron, está sujeta a límites y reglas de procedencia.

El Congreso había aprobado su determinación con la mayoría calificada requerida: de 37 diputaciones presentes, 25 votaron contra el reclamo del gobernador.

La resolución representa otro episodio de la prolongada confrontación entre Samuel García y el Congreso de Nuevo León, en medio de decenas de controversias constitucionales promovidas durante su administración contra otros poderes estatales.

El mensaje de la Corte es claro: el poder Ejecutivo no está por encima de la ley ni puede utilizar el veto como mecanismo de presión política.