Raúl Domínguez/Firmasmx

COATZACOALCOS, VER.— La actuación poco amigable y humana de la directora del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), Laura Enriqueta Pérez Yebra, merece una severa llamada de atención por parte de la gobernadora Rocío Nahle: frente a la controversia que involucra a dos jóvenes con autismo, la institución que encabeza parece haber optado por la cerrazón, el silencio y la falta de diálogo, en lugar de ofrecer explicaciones claras a una familia que exige saber por qué sus hijos fueron apartados de las listas de asistencia presencial y encaminados hacia una modalidad educativa virtual que sus padres no aceptaron.

No se cuestiona que la directora tenga la responsabilidad de preservar el orden, la seguridad y el funcionamiento académico del tecnológico. Lo que resulta cuestionable es que, tratándose de José y Carlos Rueda Azamar, dos estudiantes de 20 años diagnosticados con autismo, la respuesta institucional denunciada por su familia haya sido modificar su dinámica educativa sin que hasta ahora exista una explicación pública, detallada y convincente sobre las razones, fundamentos y procedimiento de esa determinación, debido a la cerrazón de la funcionaria. 

La pregunta es inevitable: ¿por qué la directora Pérez Yebra no dialoga directamente con los padres?

La madre de los jóvenes, Miriam del Carmen Azamar Baxin, sostiene que en reiteradas ocasiones ha intentado establecer comunicación con la directora y con colaboradoras cercanas, sin conseguir que su postura sea escuchada. Ante la falta de respuesta que denuncia, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para solicitar acompañamiento y exponer lo que considera un acto de discriminación.

Y aquí aparece el primer gran problema de la conducción institucional.

Una directora de una institución pública no debería esconderse detrás del silencio administrativo cuando existe una controversia que involucra derechos humanos. Mucho menos cuando se trata de estudiantes con discapacidad y cuando la propia institución presume acciones de sensibilización y capacitación docente en materia de autismo.

La obligación de una autoridad educativa no consiste únicamente en administrar horarios, listas, aulas y plataformas digitales. También implica escuchar, explicar, justificar sus decisiones y garantizar que ninguna medida administrativa termine convirtiéndose en una barrera para el ejercicio del derecho a la educación.

¿Qué ocurrió realmente?

Los hermanos José y Carlos Rueda Azamar ingresaron al ITESCO para estudiar Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales. Según la versión de su madre, ambos fueron admitidos después de presentar sus dictámenes médicos y comenzaron asistiendo presencialmente a clases.

Posteriormente ocurrió una serie de acontecimientos que derivaron en el conflicto.

La familia refiere que uno de los jóvenes extravió una cartera con documentos, situación que le habría provocado una alteración emocional. Después, autoridades escolares habrían relacionado a los hermanos con un supuesto incidente de seguridad en un puente peatonal.

La madre sostiene que no le fueron presentados elementos suficientes para acreditar esa acusación y cuestiona que, en lugar de analizar el caso individualmente y establecer medidas de apoyo, se haya planteado que sus hijos continuaran sus estudios mediante clases virtuales.

El ITESCO tiene derecho —y obligación— de investigar cualquier incidente que pudiera comprometer la seguridad de su comunidad.

Pero precisamente por tratarse de una institución pública, también tiene la obligación de explicar qué investigó, qué encontró y por qué tomó las decisiones que tomó.

Hasta ahora, esa explicación no ha sido suficientemente pública.

La contradicción que incomoda

Existe, además, una circunstancia que vuelve todavía más delicado el episodio.

El propio ITESCO difundió recientemente actividades de sensibilización sobre autismo dirigidas a docentes de la carrera de Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales.

La capacitación pretende proporcionar herramientas para comprender mejor las características de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y favorecer ambientes educativos inclusivos.

Entonces surge una pregunta que la directora Laura Enriqueta Pérez Yebra debería responder:

¿De qué sirve capacitar a los docentes en inclusión si, ante el primer conflicto relacionado con estudiantes con autismo, la solución termina siendo alejarlos del aula presencial?

La pregunta no prejuzga la responsabilidad de nadie. Exige congruencia.

Porque inclusión no significa permitirlo todo. Tampoco significa ignorar conductas que pudieran representar un riesgo.

Inclusión significa identificar las barreras, realizar ajustes razonables, proporcionar apoyos y buscar soluciones que permitan al estudiante permanecer, participar y aprender en condiciones de igualdad, tal como establece la Ley General de Educación.

La ley no deja mucho margen para la discrecionalidad

Los artículos 61 y 62 de la Ley General de Educación establecen que la educación inclusiva debe eliminar las barreras que limiten el acceso, permanencia, participación y aprendizaje, particularmente aquellas relacionadas con prácticas de discriminación, exclusión o segregación.

La legislación también obliga a las autoridades educativas a realizar ajustes razonables conforme a las necesidades de las personas y proporcionar los apoyos necesarios.

En consecuencia, si existía una situación que requería atención especial, la primera pregunta no debería ser “¿cómo sacamos a estos estudiantes del aula?”, sino:

“¿Qué ajustes y apoyos necesitamos para garantizar que puedan continuar estudiando?”

Y si la respuesta institucional fue distinta, la directora tiene la obligación de explicar por qué.

El silencio también comunica

La actitud de Laura Enriqueta Pérez Yebra resulta particularmente cuestionable porque el caso ya dejó de ser un asunto exclusivamente familiar.

La CEDH tiene conocimiento de la controversia.

La comunidad estudiantil y académica comienza a conocer el caso.

La opinión pública está preguntando qué ocurrió.

Y los padres de los jóvenes siguen reclamando respuestas.

En estas circunstancias, cerrar las puertas al diálogo no resuelve el problema; lo agrava.

Si los hermanos cometieron alguna conducta contraria a los reglamentos del tecnológico, que se diga.

Si existió un riesgo para terceros, que se documente.

Si hubo un protocolo de seguridad, que se explique.

Si existen dictámenes o evaluaciones que justifican una medida académica extraordinaria, que se hagan del conocimiento de los padres dentro de los límites legales de privacidad.

Pero si simplemente se decidió apartar a dos jóvenes de las aulas por su condición o porque la institución no encontró la manera de atender adecuadamente una situación relacionada con su discapacidad, entonces el problema sería mucho más grave.

Pérez Yebra debe entender que dirige una institución pública

El ITESCO no es una empresa particular donde la directora pueda ejercer su voluntad sin rendir cuentas.

Es una institución pública.

Eso significa que sus decisiones deben estar sujetas a la legalidad, transparencia, inclusión, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas.

Por ello, la cerrazón atribuida por la familia a Laura Enriqueta Pérez Yebra resulta preocupante.

Dialogar no debilita a una autoridad. Explicar no significa conceder. Escuchar no implica aceptar una acusación.

Por el contrario, una directora que enfrenta una controversia de esta naturaleza debería ser la primera interesada en aclarar los hechos.

Si el ITESCO actuó correctamente, que lo demuestre.

Si hubo un error, que lo reconozca y lo corrija.

Si hubo un problema de seguridad, que presente las evidencias correspondientes.

Y si existen medidas de inclusión que todavía no se han aplicado, que se implementen de inmediato.

Lo que no puede prevalecer es el silencio.

Porque detrás de este expediente no hay solamente dos nombres en una lista de asistencia.

Hay dos jóvenes que quieren estudiar, una familia que exige respuestas y una institución pública que tiene la obligación de demostrar que la inclusión no es un discurso para los comunicados oficiales, sino una práctica cotidiana dentro de sus aulas.

La pelota está en la cancha de Laura Enriqueta Pérez Yebra.

Que explique. Que dialogue. Que transparente y que no defraude la confianza que en ella depositó la gobernadora Rocío Nahle. 

Ojalá no convierta la cerrazón institucional en una nueva barrera para quienes tienen derecho a la educación.

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