Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados concluyó el procedimiento legislativo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 con la aprobación en lo particular de un gasto público histórico por 10.63 billones de pesos, en una jornada caracterizada por la rigidez de la mayoría parlamentaria y la desestimación sistemática de la agenda de la oposición. Tras un debate que rebasó las 19 horas de deliberaciones, la ratificación por 352 votos a favor marcó una clara redistribución del gasto gubernamental, orientando partidas operativas de órganos autónomos hacia el financiamiento de programas sociales y obras hidráulicas de gran escala. 

La disminución aplicada al Instituto Nacional Electoral representó el movimiento financiero más controvertido del paquete económico para 2027. La quita de 6 mil millones de pesos —que ajustó el presupuesto del órgano de 42 mil 274 a 36 mil 274 millones de pesos— reabrió el debate en la tribuna sobre la autonomía operativa y financiera de las instituciones de control democrático. La bancada oficialista defendió el tijeretazo bajo el argumento de priorizar la austeridad republicana, desechando en el proceso un paquete de 1,760 reservas presentadas por la oposición que buscaban restituir fondos al instituto y a otras áreas del sector público. 

La ingeniería financiera del presupuesto redirige el recorte del INE hacia bolsas con impacto social y político estratégico. La mitad exacta de la quita, equivalente a 3 mil millones de pesos, reforzará el programa La Escuela es Nuestra, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente recibirá 1,000 millones adicionales y los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) administrados por el Partido del Trabajo obtendrán 618 millones de pesos. El remanente presupuestal se repartirá en sectores sensibles como la búsqueda de personas desaparecidas, programas de atención integral a mujeres, aviación civil y el sector turístico. 

En el ámbito regional e infraestructura, la redistribución interna afectó de forma directa el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la cual se le restaron 6 mil 500 millones de pesos para canalizarlos a proyectos hídricos clave en el estado de Jalisco. Los recursos asignados financiarán la construcción y modernización de los acueductos Calderón–San Gaspar y Sustituto Chapala–Guadalajara, proyectos diseñados para mitigar la crisis de desabasto de agua potable que enfrenta la masa urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

La reasignación hídrica se convirtió en el principal detonante de la confrontación política durante el tramo final de la sesión, derivando en un álgido choque parlamentario entre los legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano. Mientras los congresistas de MC señalaron vicios en el etiquetado y la asignación de la obra pública, la representación de Morena sostuvo la pertinencia de la inversión social para la región de Jalisco. Con la aprobación del PEF 2027, la administración federal alista la puesta en marcha de una estructura financiera centralizada orientada al gasto social y a la culminación de grandes proyectos regionales.