En su intervención, la legisladora explicó que, aunque el matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades de los contrayentes, en la que adquieren derechos y obligaciones, cuando uno de los involucrados es menor de edad, debe considerarse al concubinato prematuro o cohabitación forzada como una práctica nociva asociada a la violación de diversos derechos de la infancia.

Estos actos, subrayó, vulneran el desarrollo integral de las infancias en cuanto a su derecho a la salud, sobre todo reproductiva, embarazos, maternidad y paternidad prematura, así como a la educación y sus implicaciones como el abandono escolar, rezago educativo y, en el caso de las niñas, la inserción prematura al rol doméstico con la explotación física u otro tipo de violencias.

En este sentido, destacó que, de acuerdo con datos proporcionados por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aún existen regiones de México, sobre todo indígenas, donde se realizan este tipo de prácticas en las que mujeres menores de edad son obligadas a tener una relación sentimental, casarse o convivir con adultos, obedeciendo a normas y tradiciones por usos y costumbres, “o bien a la falsa idea de que a través del matrimonio podrán resolver problemáticas como la pobreza”.

La Secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de esta legislatura señaló que la propuesta de reforma de los artículos 75 y 86 del Código Civil de Veracruz responde a la necesidad de ser específicos y dar claridad a la figura jurídica del matrimonio, así como de la edad mínima requerida de 18 años para poder contraerlo, fortaleciendo con ello el marco normativo que garantice la integridad y el libre desarrollo de la personalidad de las niñas y los niños veracruzanos.

“Con la adecuación de este texto, estamos dando un paso en el largo camino de legislar en materia de cohabitación forzada para que en Veracruz se garantice el interés superior de la niñez. Esto significa que todas las decisiones, acciones y programas estén orientadas al bienestar y pleno ejercicio de las personas menores de edad”, concluyó.

Finalmente, agradeció las aportaciones a la iniciativa por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), del Poder Judicial del estado, del Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del colectivo Interés Superior del Menor.

A la iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, se adhirieron el Grupo Legislativo de Morena, las diputadas Ruth Callejas Roldán, Citlali Medellín Careaga y Tania María Cruz Mejía y los legisladores Juan Enrique Santos Mendoza y José Luis Tehuintle Xocua.