WASHINGTON.- Según documentos del gobierno mexicano se confirma que la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue informada sobre los operativos de trasiego “controlado” de armas, pero además la DEA asesoró a la PGR para instalar un “centro de intercepción de comunicaciones” y fijó la estrategia para espiar a ciudadanos mexicanos.

A principios de octubre de 2011 se elaboró una circular respecto de los asuntos que tratarían en la Ciudad de México la entonces titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales y su par estadounidense Eric Holder.

“Se destaca, según el documento, que existen dos temas que, en este momento, repercuten en los congresos de ambos países, los cuales se abordarán en la reunión”, así comienza el documento cuya copia posee la revista Proceso, y que fue elaborado el 10 de junio de 2011 por Enrique Escamilla, consejero de la embajada de México en Estados Unidos, dicho documento está dirigido a Arturo Sarukhán, entonces embajador mexicano ante Washington.

Los puntos destacados son a).- Rápido y Furioso: incluir Wide Reciver, así como cualquier otra operación en la que se pudiesen haber utilizado mecanismos de investigación como los usados en estos dos casos. Se debe insistir en la necesidad de controlar la información y resultados precisos sobre las investigaciones y b).- Supuesta inmunidad de Vicente Zambada Niebra (hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García)”.

Y añade con letras en rojo una ‘Observación’: la información difundida en medios de comunicación refleja la estrategia de la defensa de Zambada”.

OPERATIVOS FRACASO

Este encuentro se celebró el 4 y 5 de octubre de 2011, pero antes ya se había dado a conocer en Estados Unidos el fiasco que resultaron tres operaciones llevadas a cabo en secreto para traficar armas de manera “controlada” a México como son Gunrunner, Wide Reciver y Fast and Furious, todas orquestadas por la oficina regional en Phoenix, Arizona del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El armamento se compró de manera legal al mayoreo para luego entregarlo a conocidos traficantes de armas quienes a su vez lo enviarían a México, para lo anterior la oficina de ATF en Phoenix reclutó a ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos.

Miles de rifles y pistolas semiautomáticas terminaron en manos del Cártel de Sinaloa aunque se pretendía según la ATF en Arizona rastrear dichas armas para detectar, ubicar y arrestar a quienes se encargarían de introducir y distribuirlas en México.

Tras el asesinato de Brian Terry agente de la Patrulla Fronteriza el 14 de diciembre de 2010 el escándalo por el fracaso de las operaciones de la AFT explotó y se agravó tras el homicidio del agente de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata el 15 de febrero de 2011 en San Luis Potosí.

Después de una investigación realizada por el FBI quedó el evidencia que las armas del tráfico controlado de las mismas vía Gunrunner, Wide Reciver y Fast and Furious fueron usadas para los asesinatos tanto de Zapata como de Terry.

Aún y con estas evidencias hasta la fecha Felipe Calderón y otros funcionarios de su gobierno niegan haber estado enterados sobre el tráfico ilegal supervisado de armas a México por la ATF

El documento consultado por la revista Proceso indica que “se estima conveniente que los temas que el gobierno mexicano le interesan sean impulsados a través del Embajador de México y el agregado legal de la PGR en Estados Unidos.

ESPIAR LEGALMENTE

El espionaje asesorado por la DEA destaca de entre los asuntos que sobre seguridad trataron Morales y Holder en su agenda, los procuradores abordaron el tema en la capital mexicana bajo el nombre de “intervención de comunicaciones con orden judicial” y según el documento oficial “La PGR aplicará las medidas necesarias para desarrollar el uso de la intervención de comunicaciones con orden judicial a través de la creación de una unidad especializada”.

Durante la reunión quedaron claros tres apartados que detallan la estrategia del gobierno calderonista para espiar legalmente a ciudadanos mexicanos con la asesoría de la DEA. (Con información de la revista Proceso)