Las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), cerraron filas y, a través de un posicionamiento unánime, rechazaron la persecución penal del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), a sus compañeros “que votaron a favor de aplazar la revocación de mandato”.

Los 11 integrantes del Consejo General signan dicho posicionamiento y sostienen que “se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”.

Los y las consejeros subrayan, en el posicionamiento emitido esta noche, que “ es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”.

Explican los consejeros electorales que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato.

Precisan que en un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público.

Refieren los consejeros que las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida.

Aseveraron que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.

Los consejeros y consejeras, señalan que, las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.

Insistieron que “en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.