(Agencia SPI Veracruz) A escasos dos años de la creación de la Guardia Nacional (GN) -corporación militar dirigida por las Fuerzas Armadas-, se han documentado presuntos actos violatorios de derechos humanos y actos de corrupción, según el Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México y Causa en Común.

Ambos organismos señalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de no hablar con verdad, al no cumplir su promesa de campaña de sacar de las calles al Ejército y a la Marina y, en su lugar colocar a la Guardia Nacional (GN) de corte civil.

El informé refirió que el actual gobierno ha incrementado, como ningún otro, la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas no solo en tareas de seguridad pública, sino en muchas otras que tampoco les corresponden.

Lo anterior ha tenido efectos adversos, esto es, la militarización corre en detrimento de las policías locales, con estancamientos presupuestales o mermas de recursos, además de la incorporación de personal militar en puestos directivos.

También los incrementos en presupuesto, combinados con la opacidad tradicional de las Fuerzas Armadas, incrementaron el riesgo de corrupción, pues además del incremento presupuestal año con año, también tienen ingresos generados por el nuevo aeropuerto o el Tren Maya, además del control de aduanas, puertos, migración, entre otros.

En 2020 las Fuerzas Armadas tuvo un presupuesto de 29 mil millones de pesos a la GN ya que se destinaron poco más de 25 mil millones a la Policía Federal (PF) y casi 4 mil millones a la GN.

Para 2021 el presupuesto a la GN fue de 35 mil 671 millones y para el 2022 el gobierno anunció un incremento de 50 mil millones de pesos lo que elevaría su presupuesto a los 85 mil millones de pesos.

Dichos recursos se destinarían al pago de nómina y para la construcción de un total de 500 cuarteles que habrían de estar listos antes del 2024. El presupuesto de 2022 asignado a las Fuerzas Armadas y a la SSPC ascendió a 235 mil millones de pesos.

Tan solo la Sedena y la GN estarían ejerciendo un presupuesto de cerca de 170 mil millones de pesos, 9 por ciento más que lo aprobado para 2021 y 80 por ciento más que en 2020.

Este presupuesto es el segundo más importante de la presente administración, después de la pensión para adultos mayores.

Otros hallazgos son presuntos hechos de corrupción, a partir denuncias y reclamos por supuestos actos de corrupción por parte de elementos de la GN.

Por ejemplo, la Encuesta de robo de transporte de carga, reveló que 44 por ciento de la extorsión realizada a los transportistas sería a cargo de presuntos integrantes de la GN, pero el organismo no exhibe pruebas fehacientes.

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, en el apartado sobre percepción de corrupción, la GN pasó del 23 por ciento en 2020 al 26 en 2021, porcentaje preocupante en una institución supuestamente “nueva”.

Igualmente se documentaron presuntas violaciones a los derechos humanos.

De diciembre de 2018 a junio de 2021, el Ejército tenía un acumulado de 914 quejas ante la CNDH; la Marina acumulaba 341 y; la GN acumulaba 487 quejas, a pesar de haber iniciado operación a mediados de 2019.

Las tres instituciones sumaron 1,742 quejas que incluyeron casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.

Amnistía Internacional señaló que “las Fuerzas Armadas tienen más probabilidad de abusar de los detenidos que la policía federal, estatal o municipal”, pues cerca del 88 por ciento de las personas detenidas por la Armada y el 86 por ciento de las detenidas por el Ejército se han quejado de tortura y otros abusos.

Incluso, subrayó el documento, que desde que las Fuerzas Armadas sirven de “barrera de contención” de migrantes son recurrentes los abusos de autoridad.

De acuerdo con información vía transparencia, desde el inicio del actual gobierno hasta agosto del 2021, han muerto 557 civiles a manos de militares y 95 han resultado heridos.

Lo anterior se enmarca en la falta de conocimientos y aptitudes para desempeñar sus funciones, derivado de la ausencia de aprobación de controles de confianza y del Certificado Único Policial (CUP).

El Observatorio y Causa en Común pusieron en duda lo informado, vía transparencia, los números dados por el gobierno mexicano.

A principios de mayo de 2021, más del 90 por ciento de los elementos activos no contaban con el CUP y para noviembre de 2021 ya era 20 mil 995 elementos que contaban con el CUP, por lo que habría 12 mil elementos más certificados de mayo a noviembre.

“Un incremento poco creíble a la luz de los procesos institucionales necesarios para concretarlo”, afirmaron los organismos.

En octubre de 2020, la SEDENA anunció planes para construir un centro de evaluación de control de confianza para certificar a los elementos de la GN. En noviembre informó que tendría un costo aproximado de 461 millones de pesos; a la fecha no se conocen los avances. Con información de Espejo del Poder.