Javier Hernández Candanedo, actual presidente municipal de Misantla, acusado de haber violentado los derechos humanos de ciudadanos misantecos durante su primer periodo de gestión en el caso de los locatarios del mercado “Antonio M. Quirasco”, es requerido por la justicia para dar cumplimiento a la ley.

El abuso de autoridad por parte de Javier Hernández Candanedo y otros bajo su mando, como quienes formaron parte del cuerpo edilicio, director de Policía y el anterior titular de Protección Civil municipal que hoy se considera prófugo de la justicia, mientras el alcalde camina libremente y socarronamente tomándose fotografías con los secretarios de despacho y echando flores al gobernador Cuitláhuac García, de quién presume ser preferido y protegido.

El caso del mercado municipal, tiene repercusiones hoy pues, desde el juzgado, ha llegado la notificación al actual alcalde y los nuevos ediles, de cumplir con lo que dicta la ley en torno al “Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, Número 111/2011/III promovido por María Lorena Jiménez Galíndez, Gloria Iveth de Jesús y otros en contra del ayuntamiento constitucional de Misantla, Veracruz, reclamando actos violatorios de los Derechos Humanos, la humillación del maltrato, el daño de la salud mental y física en que fueron causados en sus locales comerciales del mercado municipal Antonio M. Quirasco y otras prestaciones…”.

Javier Hernández, ayer “panucho” yunista, hoy, plegado indignamente a los pies de Cuitlahuac.

Existe el riesgo de que los actuales sindica y regidores caigan en complicidad y pretendan convertir en deuda pública la reparación del daño a los demandantes, el cual rebasaría los 70 millones de pesos, que supera a lo ejercido durante el año en curso por el ayuntamiento para obra pública.

En otras palabras, que el pueblo pague para sacar del problema en que se metió por prepotencia y uso indebido de la fuerza pública a Javier Hernández Candanedo, es fundado, sabiendo de antemano como se las gasta este munícipe.

Los afectados solicitan el apoyo de las autoridades para darle solución a este conflicto añejo que ha perjudicado sus bienes, sus ingresos y su salud.