Del 18 al 20 de enero se llevó a cabo una encuesta de opinión dirigida a 180 investigadores (todo el personal académica) del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) para evaluar la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), que presentó el Ejecutivo el 13 de diciembre de 2022.
De los 180 investigadores consultados de forma electrónica, 79  respondieron la encuesta (lo que representa un total del 43.8 % de los académicos de la red nacional de CIESAS).

El perfil de calificación científica de los participantes, se lee en el documento, es alto; muchos de ellos (el 89 %) leyeron completa o parcialmente la iniciativa de Ley; otros participaron en las consultas sobre la ley que se hicieron en diversas sedes de Ciesas, así como en el sindicato, foros institucionales o en consultas que llevó a cabo el Conacyt.

Una de las conclusiones fuertes fue que el 84 % de los participantes dijo que su opinión ante la iniciativa de Ley no sería considerada o sólo sería atendida de forma muy parcial.

“La encuesta permitió observar una clara preocupación en el colectivo de académicos, postdoctorantes y cátedras, aunque no son personal formalmente contratado por Conacyt, sobre el  impacto de la nueva Ley General en Materia de HCTI”, se lee en el documento.

La encuesta sirvió para revelar también algo que la comunidad científica ya había advertido: la percepción de que las metas científicas se pueden tambalear al estar supeditadas a los criterios políticos.

Otro punto que inquietó a los investigadores fue “la presencia de las Fuerzas Armadas en la Junta de Gobierno, instancia en donde se decide la política científica del país y en la que cada vez hay menor representación académica y mayor de instituciones burocráticas como son las secretarías de Estado”.

Otras inquietudes de la comunidad es que se pierda la estabilidad laboral si desde la Suprema Corte de Justicia se decide un cambio de apartado. Esto afectaría las posibilidades de buenas jubilaciones, crearía incertidumbre respecto al financiamiento (puesto que podría dejar de asignarse el 1 % del PIB a la ciencia) y tendría estragos en la incorporación de nuevos investigadores.