El diputado local Magdaleno Rosales Torres y el alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño pasaron de los dimes y diretes a los tribunales, toda vez que el legislador morenista acudió a la Fiscalía General del Estado a denunciar al munícipe por presuntas amenazas dirigidas a su familia y colaboradores.

¿Cuáles son los señalamientos entre Marcos Isleño y José Magdaleno?

Desde el inicio del año los dos representantes de Morena han debatido en medios de comunicación y en redes sociales por diversos temas, entre ellos la posibilidad de concesionar el servicio de agua potable en Medellín y la construcción de un tramo carretero que se pagará con recursos del Estado.

El representante en el Congreso local acusó que Marcos Isleño supuestamente le ha enviado a empleados y gente de su confianza a tratar de amedrentarlo, lo mismo afuera de su domicilio que en sus oficinas de enlace en dicha localidad.

“Hago responsable a Marcos Isleño de lo que me pueda pasar, de cualquier agresión a mis colaboradores y familiares, pues hemos constatado que ha enviado a personal de su administración y a gente armada a vigilar mi domicilio, el de mis familiares y mi oficina de representación”, expuso.

Refirió que por estos hechos sus colaboradores tienen miedo de que “les hagan algo porque han detectado que sujetos armados y con antecedentes penales, que vincula al alcalde del Verde y Morena, andan rondando su casa y oficinas, sabemos de lo que son capaces de hacer”.

Mencionó que se presentó ante la Fiscalía para proteger la integridad física de sus colaboradores, familiares y de su persona, “solicitando se ejerza la ley en contra del edil y de sus empleados”.

Las amenazas, dijo, es porque ha denunciado públicamente la relación de Marcos Isleño con una inmobiliaria, empresa a la que busca concesionarle el agua potable de los fraccionamientos de Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno.

Otro diferendo, es la exigencia de Rosales Torres a Marcos Isleño y al cabildo que preside para el ayuntamiento se desligue del acuerdo con el grupo MAS, ya que con ello se quitaría un candado para avanzar en el tema jurídico para retirarle la concesión a dicha empresa de capital español, tras años de abusos a los usuarios e incumplimiento a los compromisos de inversión y modernización de instalaciones.

En pocas palabras, el fondo del asunto no es político, es económico.