Los 2,600 migrantes de la caravana “Latinoamérica Unida” acusaron a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas por discriminación. Se quejaron de que se les negó un espacio techado, siendo ubicados en un área distante y oscura al aire libre. La decisión de la alcaldesa generó controversia, alegando que dicha ubicación carecía de seguridad y comodidades básicas para ellos.

La falta de un lugar adecuado provocó críticas y llamados a una intervención gubernamental para garantizar condiciones dignas para los migrantes. Se espera que esta denuncia genere atención y medidas para mejorar la situación de los afectados.