La reciente reforma a la Ley de Amnistía ha generado un acalorado debate en México. Se señala que esta modificación otorga al presidente una autoridad excesiva al permitirle pasar por alto los procesos judiciales y perdonar a delincuentes sin restricciones, incluso en casos graves como homicidio o delincuencia organizada.

Este enfoque representa una excepción al derecho, pues el establecimiento de responsabilidad penal requiere un proceso justo que incluya la participación de las víctimas y el acusado, seguido de un veredicto imparcial. Sin embargo, la reforma elimina estos pasos, dejando al presidente la discreción de perdonar a individuos, lo que a menudo se percibe como motivado por consideraciones políticas en lugar de principios legales.