El pago de pensiones y jubilaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) alcanzó un costo de 45 mil 573.8 millones de pesos en los primeros siete meses de 2024, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este gasto representó un incremento anual del 4.9% en términos reales, lo que genera preocupación por su impacto en las finanzas públicas.

Enrique Díaz-Infante, director de Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que las pensiones de Pemex son un “problema estructural” que seguirá afectando a la empresa. Indicó que el sistema de pensiones no está alineado con los cambios demográficos del país, ya que las contribuciones para el retiro son insuficientes en comparación con el aumento en la esperanza de vida.

De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo 2023-2025, los trabajadores de Pemex pueden jubilarse si tienen al menos 15 años de antigüedad a diciembre de 2015, o si cumplen 25 años de servicio y 55 de edad. La pensión se calcula con base en el 80% del salario promedio del último año, con incrementos de 4% por cada año adicional de servicio, hasta un tope del 100%.

Las pensiones permanentes por incapacidad laboral también se otorgan, partiendo del 60% del salario promedio, con incrementos similares.

Díaz-Infante sugirió que una reforma fiscal sería crucial para enfrentar el creciente gasto en pensiones, que está restando recursos a áreas clave como la infraestructura, salud, educación y la formación de capital humano. Actualmente, Pemex opera un esquema de cuentas individuales para sus trabajadores, similar al de las Afores, lo que ha reducido los beneficios respecto a generaciones anteriores.

Con una plantilla de más de 128 mil empleados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que nueve de cada diez jubilados de Pemex tienen una tasa de reemplazo de entre el 10% y el 100% de su último salario. Sin embargo, hay pensiones que superan el 100%, con montos que llegan hasta los 200 mil pesos mensuales.

Este escenario plantea un desafío para las finanzas públicas, lo que ha generado llamados a una revisión profunda del sistema de pensiones de la petrolera estatal.