Xalapa, Veracruz .- Como resultado del trabajo de investigación ministerial, en el periodo comprendido del 8 al 14 de abril, la Fiscalía General del Estado de Veracruz logró 60 sentencias condenatorias, dictadas por el órgano jurisdiccional en contra de responsables de los delitos de homicidio en sus diferentes modalidades, pederastia y violación, mismos que afectan a la sociedad veracruzana.

En lo que respecta a la zona norte de la entidad, la autoridad judicial dictó 7 sentencias condenatorias, de las cuales 1 es de la Fiscalía Regional Tantoyuca y 6 por la Fiscalía Regional Tuxpan, una de ellas de 210 años por secuestro agravado.

De igual manera, en la zona centro, las Fiscalías Regionales lograron un total de 24 sentencias condenatorias dictadas por jueces en distintos municipios, distribuidas de la siguiente manera:

La Fiscalía Regional Córdoba informó sobre 7 sentencias condenatorias, mientras que la Fiscalía Regional Xalapa logró un total de 13 sentencias dictadas por el órgano jurisdiccional.
Por otro lado, la Fiscalía Regional Veracruz comunicó acerca de 3, mientras que la Fiscalía Regional Cosamaloapan informó 1 sentencia condenatoria.

Finalmente, en la zona sur, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos informó 16 sentencias condenatorias.

Estas resoluciones fueron emitidas contra infractores de la ley, cuya responsabilidad penal fue acreditada en delitos que vulneran la integridad de las y los veracruzanos, tales como: contra las instituciones de seguridad pública, homicidio en sus diferentes modalidades, lesiones en sus diversas modalidades, narcomenudeo y robo en sus distintas modalidades.

Por otro lado, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas logró 13 sentencias condenatorias, dictadas contra personas infractoras cuya responsabilidad penal fue plenamente acreditada por el órgano jurisdiccional en los delitos de pederastia, violación y violencia familiar en sus modalidades de agresión física y psicológica.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de conducir las investigaciones con diligencia y transparencia hasta su conclusión, garantizando que quienes vulneran la ley sean sancionados conforme a derecho y que se procure justicia para las víctimas.