Ciudad de México .- Con el objetivo de frenar la difusión de datos imprecisos, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló los procedimientos legales que rigen los procesos de extradición, enfocándose particularmente en el actual contexto del “Caso Sinaloa”.

La funcionaria explicó que el marco jurídico distingue dos figuras fundamentales con alcances distintos: la solicitud formal de extradición y la solicitud de detención provisional. Alcalde subrayó que la solicitud formal, amparada en el artículo 10 del tratado bilateral, requiere un expediente exhaustivo que incluya la relación de hechos, pruebas certificadas y fundamentos legales que acrediten la vigencia del delito.

Por otro lado, precisó que la detención provisional es una medida de excepción aplicada exclusivamente en escenarios de urgencia para evitar que el imputado evada la justicia. En este supuesto, una vez ejecutada la detención, la parte requirente cuenta con un plazo perentorio de 60 días para consignar la documentación formal ante las autoridades mexicanas a través de los canales diplomáticos correspondientes.