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México

Descarta la Presidenta uso de la fuerza y represión ante protestas de la CNTE

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Ciudad de México.– En una definición clave sobre el manejo de la gobernabilidad y el derecho a la movilización social, la Presidenta de la República garantizó que la administración federal mantendrá una política de cero represión frente a las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El pronunciamiento oficial surge tras registrarse diversos incidentes vandálicos y destrozos en la vía pública durante los despliegues de la organización magisterial en la capital del país.

La jefa del Ejecutivo Federal encuadró los actos de violencia como una estrategia de inducción que busca forzar al Estado a emplear elementos antimotines y la fuerza del orden para desalojar los contingentes.

“Los extremos se juntan… quienes hacen estos destrozos yo pienso que están provocando. Ahora, ¿qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión”, aseveró de manera categórica la mandataria federal.

Acusan estrategia de provocación para desgastar la imagen internacional del país
La titular del Ejecutivo sostuvo que el trasfondo de las afectaciones materiales perpetradas por células radicales dentro de las movilizaciones magisteriales obedece a un intento de manufacturar una crisis de derechos humanos. Según el análisis de las dependencias de gobernación, la meta de los instigadores es proyectar una imagen de inestabilidad social y autoritarismo hacia el exterior, presionando políticamente al gabinete presidencial para que abandone los canales de interlocución pacífica.

Ante este panorama, la Presidencia de la República reiteró que, si bien se reprueban de manera enérgica los daños al mobiliario urbano y a los monumentos históricos, los cuerpos de seguridad se mantendrán estrictamente al margen del uso coercitivo de la fuerza. La estrategia federal continuará priorizando las mesas de concertación con la dirigencia de la CNTE para atender los pliegues petitorios de carácter laboral, aislando legalmente los actos vandálicos de las legítimas demandas de los trabajadores de la educación.

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