Ciudad de México.— La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó los detalles de una iniciativa de reforma que busca expedir una nueva Ley General de Sanción al Feminicidio. El proyecto tiene como objetivo prioritario homologar las reglas de investigación, enjuiciamiento y penalidad de este delito en las 32 entidades del país.

Durante su intervención, la funcionaria federal explicó que la legislación actual padece de una severa fragmentación legal, dado que cada estado define de manera autónoma los elementos del tipo penal, las agravantes, las razones de género y las sanciones aplicables. Esta dispersión jurídica, argumentó, entorpece las investigaciones, provoca la clasificación incorrecta de muertes violentas de mujeres como homicidios comunes y perpetúa la falta de protocolos con perspectiva de género.

“Existían tipos penales fragmentados… las fiscalías no contaban con protocolos homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas”, puntualizó Alcalde.

La propuesta del Ejecutivo federal plantea subsanar estos vacíos históricos mediante un marco normativo nacional y vinculante para todas las fiscalías locales. De aprobarse la iniciativa en el Congreso, las instituciones de procuración de justicia estarán obligadas a aplicar protocolos de actuación idénticos y a garantizar una atención integral y unificada para las víctimas indirectas en todo el territorio mexicano.