Alvarado, Ver.— Diversos colectivos y organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT+ solicitaron a las autoridades competentes investigar un presunto caso de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), presuntamente ocurrido durante la estancia de Pamela, una mujer trans, en un centro de rehabilitación ubicado en el puerto de Veracruz.

La denuncia fue difundida por la Asamblea Nacional Trans No Binarie (ANTNB), la activista Jazz Bustamante y otras organizaciones civiles, quienes señalaron que Pamela ingresó al establecimiento viviendo socialmente como mujer trans; sin embargo, al concluir su proceso de rehabilitación fue presentada públicamente con una apariencia masculina y utilizando un nombre distinto al que emplea de manera habitual.

Los colectivos precisaron que su señalamiento no está dirigido al tratamiento de rehabilitación por consumo de sustancias, sino a la posibilidad de que durante su permanencia en el centro se hayan realizado acciones orientadas a modificar, negar o suprimir su identidad de género, situación que, de comprobarse, podría constituir una vulneración a sus derechos humanos.

Asimismo, recordaron que en Veracruz las prácticas conocidas como ECOSIG, también denominadas “terapias de conversión”, se encuentran prohibidas y sancionadas por la legislación estatal, luego de las reformas al Código Penal del Estado, que tipifican como delito los actos encaminados a cambiar o reprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.

Por su parte, el Centro de Rehabilitación Sauces Veracruz informó únicamente sobre la conclusión del tratamiento de la persona, identificándola con un nombre diferente al utilizado públicamente por Pamela y señalando que cumplió un programa de desintoxicación y reinserción social. Hasta el momento, el establecimiento no ha emitido un pronunciamiento específico respecto a los señalamientos formulados por los colectivos.

El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales y entre organizaciones de la sociedad civil, que han solicitado la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar si existió alguna conducta que pudiera constituir un delito.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre el inicio de una investigación formal ni ha emitido conclusiones respecto a las denuncias, por lo que los hechos permanecen bajo el ámbito de las manifestaciones realizadas por las organizaciones denunciantes.

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