Martínez de la Torre, Ver.— Pese a que la gobernadora Rocío Nahle García y la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, han reiterado en innumerables ocasiones que ninguna escuela pública puede cobrar cuotas de inscripción o reinscripción, en diversos planteles continúan registrándose denuncias de padres de familia que aseguran ser obligados a entregar dinero para que sus hijos puedan continuar sus estudios.

La situación evidencia que, mientras el Gobierno del Estado sostiene una política de cero cuotas escolares, en algunas instituciones las Sociedades de Padres de Familia siguen operando al margen de las disposiciones oficiales, imponiendo cobros que muchas familias consideran un requisito para garantizar un espacio a sus hijos.

Uno de los casos fue denunciado en Martínez de la Torre, donde Martín “N”, padre de familia de una escuela primaria, calificó como inadmisible que estas prácticas continúen, pese a que las autoridades educativas han dejado claro que el acceso a la educación pública no puede estar sujeto al pago de ninguna cantidad.

El problema, señalan los denunciantes, radica en que algunas Sociedades de Padres de Familia actúan como si fueran la máxima autoridad dentro de los planteles, estableciendo montos, fijando fechas de pago y ejerciendo presión sobre los tutores, en abierta contradicción con las instrucciones emitidas por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Las propias autoridades educativas han reiterado que ningún director, docente, comité escolar o asociación de padres tiene facultades para condicionar la inscripción, reinscripción o entrega de documentos al pago de dinero, ya que ello constituye una violación al derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación pública.

Padres de familia consideran que ya no bastan los llamados ni los comunicados oficiales. Exigen que la SEV emprenda una revisión a fondo de los planteles donde persisten estas prácticas y aplique sanciones ejemplares contra quienes desacatan las disposiciones del Gobierno del Estado.

Asimismo, demandaron que se establezcan mecanismos transparentes de financiamiento para atender las necesidades de las escuelas, sin trasladar esa responsabilidad a las familias ni permitir que grupos ajenos a la autoridad educativa continúen realizando cobros que la administración estatal ha declarado improcedentes.

Para cientos de padres, el mensaje es claro: si el Gobierno de Veracruz ha decretado el fin de las cuotas escolares, esa decisión debe cumplirse sin excepciones en todas las escuelas públicas del estado.

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