La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de ordenar el cierre definitivo de las escuelas privadas que operan bajo esquemas militarizados o castrenses representa uno de los cambios más significativos en materia educativa de los últimos años. La medida no solo busca garantizar el cumplimiento de la legislación, sino también responder a una creciente preocupación social derivada de presuntos abusos, violencia y negligencia registrados en este tipo de instituciones.

El fallecimiento de la menor Dafne Zapata durante un campamento en Tamaulipas y las denuncias de padres de familia en Chiapas se convirtieron en el detonante de una revisión que ahora tendrá alcance nacional. La SEP sostiene que la formación militar corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas, por lo que ninguna institución particular puede simular ese modelo educativo.

No obstante, el desafío será ejecutar la medida con transparencia y respeto a los derechos de los estudiantes, garantizando su reubicación inmediata y la devolución de documentos y recursos económicos.

Más allá del debate sobre la disciplina, el mensaje del Gobierno federal es contundente: la educación debe priorizar el desarrollo integral, la protección de la infancia y el respeto a los principios constitucionales, por encima de cualquier modelo que reproduzca prácticas incompatibles con el Sistema Educativo Nacional.