Ciudad de México .- Durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó formalmente un diagnóstico exhaustivo sobre el funcionamiento del sistema de impartición de justicia en el país, poniendo énfasis en el fenómeno conocido como la “puerta giratoria” dentro del Poder Judicial.

La mandataria federal destacó la urgencia de evaluar el impacto que tiene la liberación recurrente de presuntos delincuentes en la percepción de impunidad y en los niveles de violencia que afectan a la ciudadanía, argumentando que las resoluciones judiciales benevolentes generan consecuencias graves para la seguridad pública y la tranquilidad de las familias.

“Tiene impactos graves en la población, incluso hasta por razones humanitarias… pedí a la Secretaría de Gobernación y a Luisa María que pudieran hacer una revisión de cuántos delincuentes salían con el anterior Poder Judicial y ahora por la llamada puerta giratoria. Es un dato muy relevante, todavía no tenemos esta información porque muchas de ellas vienen de los estados de la República y de los propios poderes judiciales locales, no todo es federal”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la dirigencia institucional a coordinarse con las autoridades correspondientes para recabar y consolidar la información estadística proveniente tanto de los juzgados federales como de los poderes judiciales locales de las 32 entidades federativas.

La presidenta enfatizó que el análisis no busca únicamente señalar las fallas del fuero federal, sino visibilizar la actuación de los tribunales estatales, donde con frecuencia se otorgan cambios de medidas cautelares o liberaciones a generadores de violencia a nivel municipal y regional.

Con esta iniciativa, el Gobierno Federal pretende transparentar el desempeño de los impartidores de justicia y establecer un contraste claro entre el trabajo de las fuerzas de seguridad al detener a los infractores y la posterior actuación de los jueces en la ratificación de las prisiones preventivas.