Ciudad de México .- Las contradicciones en las políticas de visado del Gobierno de Estados Unidos se colocaron en el centro del debate tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La titular del Ejecutivo federal expuso que la vigencia de la visa no refleja necesariamente el estatus legal de una persona en México, dado que imputados con procesos penales abiertos continúan manteniendo sus permisos de viaje vigentes sin restricción consular.

La presidenta mexicana ejemplificó esta incoherencia citando casos de personas investigadas formalmente en el país, para quienes la fiscalía ha solicitado incluso el retiro de la inmunidad procesal o desafuero, y que, sin embargo, conservan el documento expedido por la Unión Americana. Para Sheinbaum, este panorama demuestra que la revocación o permanencia de la visa suele responder a agendas o valoraciones de índole política por parte de las autoridades emisoras.

Finalmente, la administración federal ratificó su postura de respeto a la soberanía de las decisiones consulares extranjeras, al tiempo que insistió en que los procesos de procuración de justicia en México operan de manera independiente a las medidas administrativas que adopte el Departamento de Estado. La mandataria concluyó que la cancelación del visado sigue siendo una relación estrictamente individual entre la persona solicitante y la representación consular.