• Rocío Nahle aplica la máxima quje “la buena jueza por su casa empieza”

XALAPA, VER.— En Veracruz comienza a perfilarse una definición política que puede resultar incómoda incluso dentro de Morena: la corrupción no debería tener colores partidistas ni apellidos intocables. Y la gobernadora Rocío Nahle García ya lo está demostrando en los hechos, luego de que el ORFIS presentó una denuncia relacionada con presuntas irregularidades por 56 millones 665 mil 280 pesos en contratos de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) en el ejercicio 2024, cuyo responsable fue Jorge Sisniega.

El mensaje de Rocío Nahle adquiere especial relevancia porque ella quien pidió recientemente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a cargo de la Mtra. Stephany Rosas Méndez, avanzar en las denuncias presentadas por el ORFIS y revisar el estado de los expedientes pendientes.

Y ahí está precisamente la prueba de fuego: si la bandera es combatir la corrupción, debe ondear también dentro de casa, aunque los señalados hayan pertenecido o sigan vinculados políticamente con el partido en el gobierno.

SESVER vuelve a colocarse bajo la lupa

El expediente que acaba de llegar a la Fiscalía involucra al exdirector administrativo de SESVER, Jorge Sisniega Fernández, funcionario de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, funcionario que hizo que en esa dependencia, acabó con la Quinta y los mangos. 

La denuncia deriva de dos contratos celebrados en 2024 con Grupo Antber, S.A. de C.V., destinados a infraestructura para generación y almacenamiento de energía eléctrica en hospitales de Veracruz.

El primero, SESVER/DA/C-134/2024, contempló sistemas fotovoltaicos, una planta de emergencia y almacenamiento para el Hospital Regional de Coatzacoalcos y el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. El anticipo entregado fue de 16 millones 12 mil 500 pesos.

El segundo, SESVER/DA/C-239/2024, correspondió a sistemas fotovoltaicos para el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, el Hospital Regional de Xalapa, el Hospital General de Córdoba Yanga y el Centro Estatal de Cancerología. El anticipo ascendió a 40 millones 652 mil 780 pesos.

En conjunto, los anticipos suman 56 millones 665 mil 280 pesos, cantidad que el órgano fiscalizador llevó ante la Fiscalía como parte de la observación que derivó en la denuncia.

Importante: se trata de un presunto daño patrimonial y de una investigación en curso; la denuncia no constituye una sentencia ni acredita por sí misma responsabilidad penal.

Pero los 56.6 millones son sólo una parte de la historia

El expediente adquiere mayor dimensión cuando se observa el universo de anticipos.

Al cierre de 2024, SESVER registraba 268 millones 825 mil 684.33 pesos relacionados con anticipos a contratistas y proveedores. Posteriormente, el organismo presentó documentación para acreditar la amortización de 5 millones 989 mil 182.04 pesos.

Después de esa comprobación permaneció un saldo de 262 millones 836 mil 502.29 pesos pendiente de amortización, recuperación y/o depuración.

La diferencia es fundamental: los 56.6 millones corresponden a los anticipos de los dos contratos que dieron pie a la denuncia; los 262.8 millones corresponden al saldo general que permanecía pendiente de regularización.

Por eso, reducir el expediente a “56 millones” sería quedarse en la superficie.

La pregunta verdaderamente incómoda es otra:

¿Qué ocurrió con los 262.8 millones de pesos que seguían pendientes de amortizar, recuperar o depurar?

La prueba para Morena

Aquí es donde la gobernadora  una oportunidad política inmejorable, al llegar ante la ley a la caterva de ladrones que estuvieron al frente del manejo de los recursos de la SSA.

Porque si Morena llegó al poder prometiendo terminar con las prácticas de los gobiernos anteriores, la vara debe aplicarse con la misma severidad a los funcionarios de su propio entorno político; pero además, la FGE tedrá que ir más allá y llevar al patibulo a otros pillos de los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. 

La justicia para los adversarios y los del partido en el poder debe y tiene que ser ciega. La congruencia ante todo.

El dinero era para hospitales

Hay otro elemento que vuelve especialmente delicado el caso: los recursos observados estaban relacionados con infraestructura hospitalaria.

No se trata de una dependencia menor ni de un gasto ornamental.

SESVER administra recursos destinados a un sector donde cualquier peso mal aplicado puede terminar reflejándose en equipamiento, mantenimiento, infraestructura, medicamentos o servicios para los pacientes.

Por eso, una investigación de esta naturaleza no debe quedarse en la discusión partidista.

La ciudadanía tiene derecho a saber qué se contrató, qué se pagó, qué se entregó, qué se comprobó, quién autorizó los anticipos, quién supervisó los contratos y por qué permanecieron cantidades millonarias pendientes de regularización.

Que nadie tenga fuero político

La denuncia contra Sisniega Fernández quedó integrada en la carpeta FECCEV/473/2026, iniciada el 14 de julio de 2026, según los reportes publicados sobre el expediente.

Ojo: Ni Sisniega ni cualquier otro funcionario debe ser condenado anticipadamente; pero tampoco debe ser protegido por muy influyente que resulte.

Es importante puntualizar que al final, más allá de Morena, PAN, PRI, PRD o cualquier otra sigla, los 262 millones 836 mil 502.29 pesos no pertenecen a un partido político: pertenecen a los veracruzanos.

La buena jueza por su casa empieza

Y precisamente por eso, Rocío Nahle no está dispuesta a solapar ni encubrir actos de corrupción, provengan de donde provengan y, mucho menos, cuando pudieran involucrar a personajes vinculados con el movimiento político al que pertenece. Su determinación, ha quedado fuera de duda, de  modo que, quien haya saqueado o defraudado el patrimonio de los veracruzanos tendrá que responder ante la justicia, sin importar su filiación partidista, su cargo o sus relaciones políticas.

En ese sentido, el expediente de SESVER no representa una duda sobre la voluntad del Gobierno estatal para combatir la corrupción, sino una prueba concreta de que la instrucción es ir hasta las últimas consecuencias contra quienes resulten responsables. La investigación corresponde ahora a las instancias competentes, que deberán acreditar responsabilidades y, en su caso, llevar ante los tribunales a quienes hayan utilizado indebidamente los recursos públicos.

Para Nahle, la corrupción no puede tener fuero partidista: quien robe al pueblo, que pague ante la justicia. Porque la transformación que se pregona sólo adquiere sentido cuando la ley empieza por casa y alcanza también a los propios.

La buena jueza por su casa empieza. Y en Veracruz, no hay excepciones.

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