Xalapa, Veracruz.— 262 millones 836 mil 502.29 pesos permanecían pendientes de amortización, recuperación y/o depuración en los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), incluso después de que el organismo presentó documentación para justificar parte de esos recursos. En medio de este voluminoso saldo, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial de 56 millones 665 mil 280 pesos relacionado con dos contratos celebrados durante 2024, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía que involucra al exdirector administrativo Jorge Sisniega Fernández, funcionario identificado durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez como uno de los hombres con mayor poder en el manejo administrativo del sector salud.

El expediente abre nuevamente un capítulo incómodo sobre la administración de los recursos públicos durante el anterior gobierno estatal y, particularmente, sobre la conducción administrativa de SESVER, organismo responsable de una parte sustancial de la operación financiera del sistema de salud en Veracruz.

Los 56 millones 665 mil 280 pesos señalados por el ORFIS corresponden a los anticipos entregados por SESVER en dos contratos celebrados con Grupo Antber, S.A. de C.V., destinados a infraestructura para generación y almacenamiento de energía eléctrica en hospitales estatales.

El primer contrato, identificado como SESVER/DA/C-134/2024, contempló la adquisición de un sistema fotovoltaico, una planta de emergencia y un sistema de almacenamiento para el Hospital Regional de Coatzacoalcos y el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Por este procedimiento se entregó un anticipo de 16 millones 12 mil 500 pesos.

El segundo contrato, SESVER/DA/C-239/2024, contempló sistemas fotovoltaicos para el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, el Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis Fernando Nachón, el Hospital General de Córdoba Yanga y el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa.

En este caso, el anticipo ascendió a 40 millones 652 mil 780 pesos.

Ambos anticipos sumaron 56 millones 665 mil 280 pesos, cantidad que el órgano fiscalizador identificó como presunto daño patrimonial y que ahora forma parte de la investigación ministerial.

La cifra que agrava el expediente

Pero el dato que verdaderamente dimensiona el problema se encuentra en el saldo general de anticipos.

De acuerdo con la revisión del ORFIS, al 31 de diciembre de 2024, SESVER registraba 268 millones 825 mil 684.33 pesos en cuentas relacionadas con anticipos a contratistas y proveedores.

En agosto de 2025, el organismo presentó documentación con la intención de acreditar la amortización de 5 millones 989 mil 182.04 pesos.

Sin embargo, después de esa documentación permaneció un saldo de 262 millones 836 mil 502.29 pesos pendiente de amortización, recuperación y/o depuración.

La diferencia es crucial.

Los 56.6 millones de pesos corresponden al monto específicamente observado y denunciado por el ORFIS en relación con los contratos de 2024; los 262.8 millones representan el voluminoso saldo que permanecía pendiente de regularización después de la documentación presentada por SESVER.

Por ello, el caso no puede reducirse a una simple discrepancia contable.

Sisniega, nuevamente bajo los reflectores

En el centro de la denuncia aparece Jorge Sisniega Fernández, quien durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ocupó la Dirección Administrativa de SESVER, una posición estratégica desde la cual se manejaban procesos de contratación, adquisiciones y administración de recursos del organismo.

Su nombre fue recurrentemente mencionado durante aquel sexenio en publicaciones periodísticas que cuestionaron la conducción administrativa de SESVER y denunciaron presuntas irregularidades en contratos, adquisiciones y manejo de bienes.

Durante años, sus críticos lo señalaron como uno de los funcionarios que disfrutaron de mayor margen de maniobra dentro de la administración estatal.

La paradoja es evidente: mientras desde los medios se acumulaban cuestionamientos, desde el poder político no parecían llegar respuestas contundentes.

Ahora el escenario es diferente.

La denuncia presentada por el ORFIS quedó integrada en la carpeta de investigación FECCEV/473/2026, iniciada el 14 de julio de 2026, por lo que corresponderá a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades.

¿Dónde estuvieron los controles?

El expediente obliga a formular preguntas que van más allá de la responsabilidad individual.

¿Quién autorizó los contratos? ¿Quién supervisó la entrega y amortización de los anticipos? ¿Quién verificó que los bienes y servicios contratados fueran efectivamente entregados? ¿Por qué cientos de millones permanecieron pendientes de amortización, recuperación o depuración?

Y sobre todo:

¿Por qué los mecanismos internos de control no detectaron o corrigieron oportunamente estas inconsistencias?

Porque si una administración puede cerrar un ejercicio fiscal con 268.8 millones de pesos en anticipos pendientes y, después de una revisión documental, mantener todavía 262.8 millones sin amortizar, recuperar o depurar, el problema difícilmente puede explicarse únicamente como una falla burocrática menor.

Existe una cadena de decisiones administrativas que merece ser revisada.

El costo de la opacidad

El caso adquiere una dimensión todavía más sensible porque se trata de recursos destinados al sector salud.

En Veracruz, donde durante el sexenio anterior fueron constantes las denuncias por carencias hospitalarias, falta de medicamentos, infraestructura deteriorada y deficiencias en los servicios, cualquier señalamiento relacionado con el manejo irregular de recursos públicos destinados a hospitales resulta particularmente grave.

Cada contrato cuestionado y cada peso cuya aplicación no queda suficientemente acreditada representa mucho más que una cifra en un informe de auditoría.

Representa recursos que debieron traducirse en medicamentos, equipamiento, mantenimiento, infraestructura y atención médica.

Por eso, la investigación contra Jorge Sisniega Fernández tendrá que ir más allá de determinar si existieron errores administrativos.

La sociedad veracruzana tiene derecho a saber qué ocurrió con los recursos, quién tomó las decisiones, quién se benefició —si alguien lo hizo— y por qué los controles institucionales permitieron que un saldo superior a 262 millones de pesos permaneciera pendiente de regularización.

Naturalmente, una denuncia no equivale a una sentencia, y cualquier responsabilidad penal deberá ser acreditada por las autoridades competentes ante un juez.

Pero después de años de cuestionamientos públicos sobre la administración de SESVER, el expediente coloca nuevamente bajo la lupa a uno de los funcionarios más controvertidos de aquel periodo.

La pregunta ya no es solamente qué pasó con 56.6 millones de pesos.

La pregunta de fondo es mucho más grande:

¿Cómo fue posible que SESVER llegara a acumular un saldo de 262.8 millones de pesos pendiente de amortización, recuperación y/o depuración?

Ahora la Fiscalía tiene la responsabilidad de responderla.

Y, esta vez, la impunidad no debería ser la respuesta.

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